Un fichaje de Puente para Transportes, acusado de cobrar una indemnización ilegal de Valladolid

En marzo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, designó a Álvaro Fernández Heredia como nuevo secretario general de Movilidad Sostenible de su departamento. Anteriormente, Fernández Heredia había sido el responsable de la empresa pública de autobuses de Valladolid durante el tiempo que Puente fue alcalde de la ciudad. 

Tras dejar su puesto en Valladolid, Fernández Heredia se unió a las listas de Más Madrid en las elecciones más recientes, logrando un escaño como concejal. Su salida de Valladolid, a mediados de 2023, generó controversia, ya que fue acusado de simular un despido para obtener 26.000 euros de indemnización que se consideró "ilegal", ya que en realidad se había marchado voluntariamente y debía haber pagado una penalización.

Fernández Heredia comenzó en Valladolid en septiembre de 2019, al inicio de la legislatura de Puente como alcalde, asumiendo el rol de gerente de la empresa municipal de autobuses, Auvasa. Previamente, había ocupado un puesto similar en Madrid durante la administración de Manuela Carmena, donde dirigió la EMT madrileña durante cuatro años. Su gestión en Valladolid fue objeto de críticas por parte de los grupos opositores, especialmente en relación con su salida del cargo.

El Confidencial intentó obtener comentarios de Fernández Heredia, quien optó por no responder y redirigió las consultas al departamento de prensa de Transportes. El ministerio también se abstuvo de proporcionar detalles adicionales. 

El grupo municipal del PP en Valladolid denunció que las actas de Auvasa reflejaban la salida de Fernández Heredia como un despido, cuando en realidad se trató de una dimisión voluntaria para regresar a la política madrileña.

La diferencia tuvo un impacto directo en las finanzas públicas de Valladolid. El PP ha señalado que una cláusula del contrato de Fernández Heredia con Auvasa estipulaba una penalización en caso de no notificar con la antelación adecuada su renuncia. Según los cálculos del PP, Fernández Heredia debería haber pagado 12.000 euros a la empresa municipal de autobuses por no cumplir con este requisito. Sin embargo, su salida fue registrada como un despido, lo que le permitió recibir una indemnización total de 14.000 euros: 6.000 euros de indemnización y 8.000 euros por liquidación del contrato. En total, el PP sostiene que Fernández Heredia obtuvo 26.000 euros de las arcas públicas que no le correspondían, considerando tanto lo recibido como lo no abonado.

Los populares, respaldados por Vox y Ciudadanos, solicitaron revocar la decisión del 30 de marzo que aprobaba su salida "por desistimiento". El día anterior, Puente declaró a Europa Press que la renuncia de Fernández Heredia era voluntaria, afirmando que "Álvaro (Fernández Heredia) considera que ha cerrado un ciclo", y añadió que vive en Madrid y tiene allí a su familia, por lo que entiende que "ha llegado hasta donde creía que podía llegar" y considera "mejor dar un paso al lado". Puente calificó la decisión de Fernández Heredia como "muy respetable".