Se jubila Manuel García Castellón, el magistrado de la causa de Tsunami Democràtic
El magistrado estuvo a cargo de estudiar cómo afecta la amnistía a los investigados del Tsunami Democràtic hasta que archivó la causa
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes 2 de septiembre la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que estuvo a cargo de estudiar cómo afecta la amnistía a los investigados de Tsunami Democràtic hasta que archivó la causa, después de que el magistrado solicitara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adelantar a este día desde el 16 de octubre, cuando cumple 72 años.
En concreto, el BOE ha publicado el acuerdo del pasado 20 de junio de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara "la jubilación forzosa por edad" del magistrado Manuel García Castellón, hasta ayer titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El decreto está firmado por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.
El CGPJ aprobó, el pasado mes de junio, la petición del juez de la Audiencia Nacional de adelantar su jubilación del 16 de octubre (la fecha en la que cumple 72 años) al 2 de septiembre. Desde el Central de Instrucción Seis, García Castellón ha sido el encargado de dirigir las investigaciones de casos como el de Tsunami, Púnica, Lezo o el denominado Caso Villarejo.
El pasado 9 de julio decidió archivar la causa de Tsunami, tras conocer el auto de la Sala de lo Penal que invalida todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo.
En el auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó también remitir testimonio de su resolución, así como la de la Sala de lo Penal, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo "para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial".
Cabe recordar que, después de que el juez remitiera en 2023 exposición razonada al alto tribunal, este acordó investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg.
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