Llarena descarta la aplicación de la amnistía por malversación a los líderes del 'procés'

El magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, ha rechazado este martes los recursos de reforma presentados por el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Antonio Comín y Lluis Puig, así como los de Fiscalía y Abogacía del Estado, contra su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados.

En un auto, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) insiste en que el artículo 1.4 de la ley de amnistía indica que el enriquecimiento alcanza cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestación dineraria, aunque no aumente materialmente el nivel de riqueza del sujeto.

Por otro lado, Llarena ha desestimado el recurso de Vox, donde se solicitaba que no aplicase la desobediencia al delito de desobediencia. 

Además, da la razón a la dirigente de ERC Marta Rovira en un aspecto procedimental, al compartir que el archivo de su causa por desobediencia corresponde a la Sala de lo Penal, por lo que estima su recurso y concluye el sumario respecto a ella.

AMNISTÍA EN EL AIRE

Más allá de los líderes del 'procés', lo que está claro es que la aplicación de la amnistía está siendo más complicada de lo que se esperaba en un primer moemnto. De hecho, más de 50 personas encausadas por el proceso independentista catalán todavía no se han beneficiado de la ley de amnistía porque los tribunales a cargo de decidir aplicarla han presentado cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) y prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estudiarán si la medida de gracia tiene encaje en la Constitución Española y en el Derecho Comunitario, respectivamente.

El Tribunal Supremo (TS), la Audiencia Nacional (AN), el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Tribunal de Cuentas (TCu) son los órganos con dudas sobre la legalidad de la amnistía que han elevado consultas a dichas cortes, lo que paraliza aplicar la ley a los posibles beneficiarios de cada caso. 

Hasta ahora, los magistrados de procedimientos relativos al 'procés' -- como el 'caso CDR' o el del expresidente catalán Quim Torra-- han consultado por la aplicabilidad de la norma a varios delitos: terrorismo, desobediencia, prevaricación o malversación.