¿Financió Alvise Pérez su campaña para las Europeas de forma irregular?

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) estudiará si investiga si el eurodiputado Luis Alvise Pérez Fernández cometió un delito de financiación ilegal por el presunto cobro de 100.000 euros en metálico durante la campaña de las elecciones europeas. 

Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que la Fiscalía General del Estado recibió el pasado 19 de septiembre una denuncia por parte de Álvaro Romillo, un empresario de criptomonedas cuyo entramado ha sido a su vez denunciado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de estafa. 

Las citadas fuentes detallan que Romillo presentó este martes una ampliación de su denuncia contra Alvise Pérez. Según informa la Cadena SER, en la misma el empresario asegura que abonó 100.000 euros en mano al eurodiputado el pasado 27 de mayo, semanas antes de los comicios europeos.

Esta misma mañana, la denuncia se ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado.

La denuncia contra Romillo

Víctimas de una presunta estafa, por su parte, han pedido a la Audiencia Nacional (AN) esta semana que investigue el supuesto fraude de más de 300 millones de euros cometido por Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones que presuntamente ayudaba a las personas a reducir su carga tributaria, y cuyo CEO era el propio Romillo. 

Desde Aránguez Abogados, que representan a algo más de 500 afectados, explican que Romillo, que se presentaba bajo el alias CriptoSpain, "alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas". 

El despacho ha presentado este miércoles 25 de septiembre una ampliación de la denuncia en la que piden a la Audiencia Nacional que se inhiba y que la competencia pase al Supremo. Según este despacho, Romillo habría manifestado "públicamente la vinculación de esta trama con Alvise Pérez, motivo por el que argumenta y excusa la paralización de la plataforma y la no devolución del capital a los afectados".