El Supremo amenaza con recurrir a Europa si el Constitucional decide amnistiar la malversación

El Tribunal Supremo podría plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Tribunal Constitucional reinterpreta la amnistía y exime a los responsables del 1-O condenados por malversación

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Cándido Gómez Pumpido y Manuel Marchena en un fotomontaje
Cándido Conde-Pumpido y Manuel Marchena en un fotomontaje - Canva Pro

 

El proceso de amnistía para los líderes del procés sigue complicándose a medida que los tribunales avanzan en sus decisiones. El Tribunal Supremo (TS) ha dejado claro que si el Tribunal Constitucional (TC) decide reinterpretar su postura sobre la amnistía, especialmente en relación con el delito de malversación, no descarta acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mediante una cuestión prejudicial. Esta medida, hasta ahora descartada, podría retrasar aún más la aplicación de la amnistía a los implicados en los hechos del referéndum del 1 de octubre de 2017.

El núcleo del razonamiento del TS es puramente técnico. La Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, ha argumentado que actualmente no ve necesaria la presentación de la cuestión prejudicial ante el TJUE, ya que considera que la ley de amnistía no incluye los delitos de malversación de fondos públicos destinados a fines personales o con fines de lucro. Sin embargo, la situación cambiaría drásticamente si el TC decide reinterpretar la ley del olvido para incluir a los responsables de haber ordenado el uso de fondos públicos en la organización del referéndum que buscaba declarar la independencia de Catalunya. En ese escenario, se argumenta que los intereses de la Unión Europea podrían verse comprometidos.

El TS ha ratificado recientemente su decisión de no aplicar la amnistía a los líderes condenados por malversación, entre ellos Oriol Junqueras y varios exconsellers, recordando que la sentencia condenatoria probó que los dirigentes del procés tenían como objetivo la independencia de Catalunya, tal y como anunciaron en la declaración unilateral.

El TS, a la espera de la decisión del Constitucional

El Tribunal Supremo ha dejado claro que la presentación de una cuestión prejudicial ante el TJUE no es incompatible con la cuestión de inconstitucionalidad planteada ante el Tribunal Constitucional. Esto significa que el TS tiene la puerta abierta para acudir a Europa una vez que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad de la amnistía. Este escenario alarga aún más el proceso.

El Constitucional debe primero resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el propio Supremo, que considera que la amnistía vulnera el principio de igualdad ante la ley. Además, deberá pronunciarse sobre los recursos presentados por el Partido Popular y varias comunidades autónomas, quienes también han cuestionado la constitucionalidad de la amnistía. Posteriormente, el tribunal tendrá que atender a los recursos de amparo que podrían presentar los líderes del procés por una posible vulneración de derechos fundamentales tras la negativa del TS a concederles la amnistía. Será en ese momento cuando el Constitucional decida sobre la interpretación del delito de malversación en el contexto de la ley del olvido.

Beneficiarios limitados del 1-O

Por otro lado, el TS ha respaldado los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que consideró amnistiables a Josep Maria Jové, exsecretario general de la Conselleria de Economía, y a Lluis Salvadó, exsecretario de Hacienda. Ambos fueron altos cargos de Oriol Junqueras y jugaron un papel clave en la ejecución de las partidas de fondos públicos.

El Supremo ha señalado que "la intensidad del quebrantamiento de los deberes de custodia exigibles a los miembros del Govern no puede concurrir en quienes no formaban parte de ese órgano". Así, Jové y Salvadó, al no ser miembros del Govern que adoptó el decreto y el acuerdo que detonaron la malversación, podrían beneficiarse de la amnistía, aunque el proceso sigue paralizado a la espera de la resolución del Constitucional y la posible intervención del TJUE.

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