Ayuntamientos españoles critican el cupo catalán y dicen que están infrafinanciados

La reforma del sistema de financiación local está en una situación crítica. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) insiste en la urgencia de iniciar un debate sobre un nuevo modelo de financiación para los ayuntamientos, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta, en medio del conflicto por el llamado cupo catalán y las tensiones con las comunidades autónomas. El gobierno de Pedro Sánchez ha dejado este asunto en pausa, sin un calendario a corto o medio plazo para empezar los contactos con los consistorios. Los ayuntamientos, independientemente de su color político, llevan meses denunciando que han llegado a un punto límite.

En la última Junta de Gobierno de la FEMP, celebrada el pasado 25 de septiembre, se abordaron estas cuestiones y otras reivindicaciones pendientes. La presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, ha exigido al Ministerio de Política Territorial la convocatoria de la Comisión Nacional de la Administración Local, ya que la reunión de julio no trató los temas clave para los municipios. "No es justo que los ayuntamientos queden fuera de este debate", declaró García Pelayo, quien también es alcaldesa de Jerez de la Frontera por el PP, al señalar la falta de respuesta por parte del ministerio liderado por el socialista Ángel Víctor Torres.

Este diagnóstico es compartido por otras administraciones, que lamentan que el encuentro de la comisión no abordó sus principales preocupaciones, como la financiación o las pérdidas del impuesto de plusvalía. "Fue un trámite para la foto", comentan fuentes municipales sobre el papel de Torres, reiterando la necesidad de que los ayuntamientos tengan un lugar prioritario en las conversaciones sobre la reforma del sistema de financiación, que se ha convertido en uno de los principales desafíos de la legislatura, especialmente tras el acuerdo entre el PSC y ERC que otorga un estatus singular a Catalunya.

Muchos ayuntamientos ven en el cupo catalán un gran obstáculo para sus intereses. Los gobernados por el PP, en particular, creen que no habrá cambios significativos. "Sabemos que todo irá para Catalunya", afirman, en sintonía con algunas comunidades autónomas, incluidas aquellas gobernadas por el PSOE, como Asturias o Castilla-La Mancha, que también han expresado su malestar por lo que consideran un trato desigual. 

La presidenta de la FEMP se pronunció sobre la cuestión el pasado viernes 4 de octubre, reiterando su intención de promover una declaración institucional "contra la financiación privilegiada de Catalunya" en la comisión de Hacienda de la entidad. "Es mi deber como presidenta de la Federación buscar el consenso y asegurar que la voz de todos los ayuntamientos de España sea una, unida y equitativa", concluyó García Pelayo.