¡Alerta! Trabajo intensifica las inspecciones por el auge de acuerdos de jubilación fraudulentos

Los despidos pactados entre empresas y trabajadores mayores cerca de la jubilación se convierten en un foco de atención

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz - EP

 

La Inspección de Trabajo ha redoblado sus esfuerzos para abordar el creciente fenómeno de los acuerdos de jubilación, considerados despidos pactados de manera individual entre empresas y trabajadores próximos a la jubilación. Este tipo de desvinculación simula un cese improcedente y ofrece beneficios fiscales significativos, lo que ha llevado a un aumento de las intervenciones por parte de los inspectores en los últimos meses.

Los acuerdos de jubilación fraudulentos permiten al trabajador obtener una indemnización por despido exenta de tributación hasta 180.000 euros, así como acceder a la prestación por desempleo por un máximo de dos años. Esta práctica favorece a los empleados que desean salir del mercado laboral antes de tiempo, evitando así penalizaciones en su pensión de jubilación anticipada.

Según Montse Rodríguez Viñas, socia directora del despacho BDO Abogados, las empresas buscan alternativas de despido para trabajadores senior. “Una de las opciones más atractivas son los acuerdos laborales que incluyen la jubilación como parte del proceso de salida”, señala Rodríguez Viñas a Eleconomista.

Implicaciones legales y sanciones

Sin embargo, simular un despido improcedente puede acarrear graves consecuencias legales. Los inspectores de Trabajo están atentos a estos acuerdos, ya que el incumplimiento tributario por el cobro exento de la indemnización y el cobro indebido de prestaciones de desempleo se consideran infracciones muy graves, con sanciones que oscilan entre 7.501 y 225.018 euros.

El Código Penal también aborda estos pactos. El artículo 307 establece que obtener beneficios de la Seguridad Social mediante simulaciones o tergiversaciones es un delito. En este contexto, tanto el empresario como el trabajador pueden ser considerados coautores de la acción ilícita, lo que podría llevar a condenas de prisión de hasta dos años, aunque en muchos casos, las penas son inferiores.

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