La nueva tasa de basuras genera preocupación entre los ayuntamientos

La nueva tasa de basuras que comenzará a aplicarse en todos los ayuntamientos de España a partir de 2025 ha generado preocupación y expectativa en diversos sectores. Este impuesto, diseñado para cubrir el coste de la recogida y tratamiento de residuos, podría provocar un aumento significativo en los pleitos, similar a lo que ocurrió con la polémica plusvalía municipal. Los consistorios son conscientes de que se enfrentarán a un incremento de reclamaciones, dado que la falta de bases comunes en el cálculo de la tasa permitirá diversas interpretaciones y aplicaciones.

Cada ayuntamiento tendrá libertad para establecer su propio método de cálculo, lo que podría derivar en litigios entre ciudadanos y administraciones. Por ejemplo, los criterios que pueden influir en el importe final de la tasa incluyen la superficie del inmueble, el número de ocupantes, el consumo de agua, el valor catastral de la vivienda y la generación de residuos. Se prevé que algunos ciudadanos puedan ganar sus reclamaciones, lo que llevaría a la devolución de cantidades que ya hayan sido cobradas.

El Ayuntamiento de Madrid abandera la oposición a la tasa de basuras

En este contexto, el Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección del alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado su oposición a esta tasa, argumentando que es una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez que crea "inseguridad jurídica". La postura del consistorio madrileño se suma a la preocupación de la Asociación de Inspectores de Hacienda Local (ANIHPL), que ha advertido sobre las dificultades que enfrentará cada ayuntamiento para calcular correctamente la tasa, lo que podría acarrear problemas adicionales.

En la capital española, la tasa se calculará en un 81% en base al valor catastral de la vivienda, con un 19% adicional relacionado con el volumen de basura generado en cada barrio. Se estima que la tasa media por inmueble en Madrid será de 140 euros, y los propietarios deberán pagarla en un único abono en 2025, con la posibilidad de fraccionarla a partir de 2026.

Cabe destacar que algunos municipios ya cuentan con una tasa específica de residuos, y es probable que el importe aumente tras la revisión de los cálculos necesarios para cubrir todos los gastos relacionados. Además, la nueva normativa permitirá a los propietarios cargar esta tasa a sus inquilinos, afectando a más de dos millones de viviendas arrendadas en todo el país, incluidas casi medio millón en Madrid.

La implementación de esta tasa responde a la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, que transpone una directiva europea de 2018. En consecuencia, los ayuntamientos tendrán que adaptarse a esta nueva realidad, lo que, sin duda, generará un panorama complicado en el ámbito de la gestión de residuos y la recaudación de impuestos en España.