Caos en la 'mayoría progresista': Sánchez lucha por sobrevivir entre Junts y ERC

El PSOE se enfrenta a una crisis de alianzas políticas que ha complicado los planes fiscales del Gobierno en el Congreso. Este jueves, a escasos minutos de comenzar la Comisión de Hacienda, el partido decidió aplazar la sesión al próximo lunes. El motivo: la falta de apoyos claros en un proyecto de ley clave, que busca establecer un tipo mínimo en el impuesto de sociedades e incorporar una ambiciosa reforma fiscal, la última de esta legislatura. Sin embargo, los intereses contrapuestos de los socios han complicado las negociaciones hasta el punto de hacer temblar la llamada "mayoría progresista."

El difícil equilibrio: ERC y Bildu contra Junts y el PNV

La mayoría progresista que permitió la investidura de Sánchez se revela ahora como una "minoría progresista" —irónicamente débil en cuanto a acuerdos de fondo— que parece tener al Gobierno atrapado. Por un lado, ERC, Bildu y Podemos presionan para que el impuesto a las energéticas sea permanente, argumentando los beneficios récord de las compañías en medio de una crisis económica y climática. En el otro extremo, Junts y el PNV rechazan de plano esta medida, defendiendo los intereses empresariales en sus regiones. Junts, en particular, ha negociado para dejar fuera el impuesto a las energéticas, preocupado por el posible impacto en inversiones catalanas, mientras que el PNV, aliado tradicional del Gobierno en otras materias, exige mantener las exenciones fiscales para los seguros médicos, una práctica muy común entre trabajadores en el País Vasco.

Esta división ha dejado en evidencia la falta de cohesión ideológica en un bloque que, aunque se le conozca como 'progresista', está conformado por partidos tan diferentes, y a la vez enfrentados entre sí, como Junts y ERC. Estas formaciones, especialmene en el lado menos progresista, afrontan las negociaciones como una forma de obtener ventajas partidistas, saliendo más beneficiado que su competidor directo, que a la vez también participa en las negociaciones. Así, la "mayoría progresista" que sostiene al Ejecutivo se convierte en una "minoría progresista" que obliga a Sánchez a un juego de malabares políticos para mantener el apoyo de cada uno de sus socios.

Reformas fiscales enfrentadas y un pacto in extremis

El proyecto de ley en cuestión busca implementar un impuesto mínimo del 15% para multinacionales, según la directiva europea. Sin embargo, el PSOE y Sumar han visto en esta ley la oportunidad de añadir una reforma fiscal más amplia, que incluye nuevos impuestos al tabaco y vapeadores, eliminar la bonificación del diésel y rediseñar los gravámenes a la banca y energéticas. Otros cambios, como imponer el 21% de IVA a los apartamentos turísticos y endurecer la fiscalidad de los yates y jets privados, también forman parte de este paquete de propuestas. No obstante, estos planes han hecho colisionar los intereses de los partidos del bloque.

La falta de acuerdo ha llevado al Gobierno a aplazar la votación dos veces en la última semana. En un intento por mantener el control, el Ejecutivo incluso vetó ciertas enmiendas propuestas, temiendo que podrían salir adelante sin su apoyo, como la rebaja del IVA a productos de higiene femenina o a servicios de peluquería.

¿Una mayoría proporcional o una minoría en el poder?

El PSOE, que fue la opción mayoritaria en Catalunya a través del PSC en las últimas elecciones generales, se ve atrapado en una paradoja: los partidos minoritarios en el Congreso, especialmente los de ámbito catalán como Junts y ERC, están imponiendo sus exigencias sin considerar la proporcionalidad de sus votos frente a los obtenidos por el partido de Sánchez. Esto ha diluido la fuerza de la "mayoría progresista" original, empujando al Gobierno a negociar medidas que no siempre representan el sentir general de sus votantes.

En este contexto, el Ejecutivo sigue en una búsqueda desesperada de consenso. Los próximos días serán decisivos para ver si el Gobierno logra unir a sus socios en torno a la reforma fiscal. Sin embargo, la realidad de esta “minoría progresista” ha puesto en relieve la dificultad de gobernar con aliados dispares, en los que el peso de los intereses regionales parece ser tan o más fuerte que el de los objetivos progresistas comunes.