Avance para frenar las okupaciones: los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 14 de noviembre una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el PNV, en medio de confusiones y críticas. La enmienda, que tendrá impacto incluso en casos de okupas con hijos, recibió el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, Bildu y ERC, aunque estos dos últimos admitieron un "error injustificable" en su voto. En contra de la reforma se posicionaron PSOE, Sumar, Podemos y BNG, mientras que Vox optó por abstenerse. Ahora, la propuesta se encuentra en el Senado, donde la mayoría del PP hace prever su aprobación definitiva.

La okupación lleva años siendo un problema social en España. Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, a finales de 2023 había más de 15.000 viviendas ocupadas ilegalmente. Los procedimientos de desalojo suelen ser largos y costosos, pero esto cambiará con la reforma propuesta por el PNV, que busca agilizar significativamente estos procesos.

La modificación legislativa añade los delitos de usurpación y allanamiento de morada, recogidos en los artículos 245 y 202 del Código Penal, respectivamente, a los procedimientos abreviados. Esto permitirá que los okupas sean juzgados en un plazo máximo de 15 días desde su detención, reduciendo drásticamente los tiempos de desahucio.

Además, esta reforma coloca los delitos de ocupación en la misma categoría que otros que ya cuentan con juicios rápidos, como la violencia física, el robo y los delitos contra la seguridad vial. Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta enmienda pretende garantizar una respuesta más efectiva y ágil frente a la ocupación ilegal.

Entre las tácticas utilizadas por los okupas, destaca una reciente en Madrid: realizar un pedido de pizza a la dirección que pretenden ocupar. Tras interceptar al repartidor en el portal o la escalera, pagan y desaparecen durante unos días. Posteriormente, ocupan la vivienda y, al ser confrontados por la Policía, presentan el ticket de la pizza como prueba de que llevan más de 48 horas en el lugar, lo que hasta ahora complicaba su desalojo inmediato. Sin embargo, esta estrategia quedará obsoleta con la implementación de la nueva normativa.