Tensión en Hacienda: el 'cupo catalán' deja a los inspectores en la cuerda floja

El desarrollo del llamado "cupo catalán" ha encendido las alarmas en el seno de la Agencia Tributaria, especialmente entre los inspectores destinados en Catalunya. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha expresado su preocupación por los "supuestos trabajos preparatorios" relacionados con el traspaso de competencias fiscales a la Generalitat, que incluiría inspección, gestión y recaudación tributaria.

En una carta dirigida a los inspectores de Hacienda que trabajan en Catalunya, la IHE ha manifestado su "sorpresa" por la falta de comunicación oficial sobre estos avances, tanto a los trabajadores locales como a la dirección de la Agencia Tributaria a nivel estatal. "Este secretismo genera un enorme daño a la organización y a sus empleados, especialmente para aquellos destinados en Cataluña, cuyo futuro inmediato parece incierto", señala el documento.

Según la información filtrada, el traspaso implicaría la transferencia de recursos humanos y medios económicos a la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC). Esto ha despertado temores entre los inspectores, quienes sienten que podrían ser "la moneda de cambio" de un acuerdo político que deshumaniza su labor y pone en riesgo la credibilidad de un modelo fiscal que es considerado referente mundial.

La IHE ha advertido que las decisiones podrían tomarse sin consultar previamente a los empleados, instándolos a expresar su opinión antes de que se concreten los acuerdos. "Nos preguntamos si, de verdad, vais a ser los últimos en enteraros de qué van a hacer con vuestros empleos, con vuestro futuro y con vuestras familias", lamenta la asociación.

En un esfuerzo por abordar esta situación, la organización ha anunciado una visita a Barcelona en los próximos días para reunirse con el Delegado Especial de Hacienda y los inspectores afectados. Además, han reiterado su compromiso de brindar apoyo legal y actuar en defensa de la independencia de la Agencia Tributaria, la estabilidad laboral de sus empleados y la calidad del servicio público que ofrecen a los ciudadanos.