El BOE publica el anuncio del Constitucional que admite a trámite el recurso de Cantabria contra la amnistía
Esta semana, el TS admitió los interpuestos por las comunidades autónomas del PP y el Gobierno socialista de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, así como las tres cuestiones formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), contra dicha norma
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado, 21 de diciembre, el anuncio del Tribunal Constitucional (TC) por el que se admite a trámite el recurso presentado por Cantabria contra la ley de amnistía.
Esta semana, el TS admitió los interpuestos por las comunidades autónomas del PP y el Gobierno socialista de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, así como las tres cuestiones formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), contra dicha norma.
En concreto, el Pleno del martes 17 de diciembre examinó la admisibilidad de los recursos de inconstitucionalidad presentados por los gobiernos de Aragón, Madrid, Galicia, Andalucía, Valencia, Extremadura, La Rioja, Islas Baleares, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y por los gobiernos y parlamentos de Cantabria y Murcia.
El Constitucional actuó como ya hizo con el primer recurso promovido por una comunidad autónoma, el de las Cortes de Aragón, admitiéndolos a trámite. Los magistrados abrieron las puertas del TC a la impugnación aragonesa después de que los letrados del Constitucional resolvieran por unanimidad que las regiones están legitimadas para recurrir la ley de amnistía.
El primer recurso de inconstitucionalidad contra la norma jurídica destinada a amnistiar el 'procés' que se admitió a trámite fue el firmado por diputados del PP.
En el marco del Pleno, los magistrados también admitieron a trámite dos de las tres cuestiones de inconstitucionalidad lanzadas por el TSJ catalán.
Así las cosas, tras este Pleno --el último del año--, quedan admitidos a trámites todos los asuntos relacionados con la amnistía, a excepción de esa cuestión planteada por el TSJC, lo que dejará la decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley para 2025.
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