¿Fin a la okupación con allanamiento de morada? La nueva ley que entra en vigor en abril

La agilización de los desahucios en casos de 'okupación' con allanamiento de morada entrará en vigor a principios del próximo mes de abril, siempre y cuando en estos tres meses no se apruebe una ley orgánica que la derogue, como reclamó Podemos al Gobierno.

Se trata de un cambio legal que el PNV logró introducir en el Pleno del Congreso con apoyo del PP y Junts, y que salio adelante por el voto a favor de Bildu y ERC, que después aseguraron que se habían equivocado. Tanto el PSOE como Sumar, así como Podemos, votaron en contra, mientras que Vox se abstuvo.

Juicios rápidos

Tras esa votación, la enmienda del PNV quedó incorporada al proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que completó su tramitación parlamentaria sin cambiar este artículo.

En concreto, se modifica el artículo 795.1 de la LECrim para que los delitos de usurpación de morada (artículo 245 del Código Penal) y de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) pasen a tramitarse por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales, los llamados juicios rápidos, lo que permitirá agilizar su resolución y los desahucios que puedan ordenarse.

Este viernes la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) fijando su entrada en vigor dentro de tres meses, el 3 de abril, y será entonces cuando pueda aplicarse la agilización de estos desahucios.

Sin apoyos para revocarlo

Eso sí, para ayudar a salvar la ley en su última votación del Congreso, Podemos anuncio que el Gobierno se había comprometido a derogar este cambio legal auspiciado por el PNV, lo que exigiría que en estos tres meses el Ejecutivo propiciara otra ley orgánica corrigiéndolo, algo que tanto el PNV y Junts, como el PP y Vox, no piensan apoyar.

El PNV ya protestó airadamente cuando la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, habló de derogar este cambio legal. Según subrayó Aitor Esteban, su propuesta se dirige sólo al desalojo de 'okupas' que han entrado ilegalmente en una vivienda ajena, y eso no tiene nada que ver con familias vulnerables que no pueden hacer frente a un alquiler.