PSOE propone limitar la acusación popular y frenar el "uso abusivo" de la justicia en la ultraderecha

El grupo parlamentario socialista ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica (PLO) que busca combatir el uso abusivo de la justicia como herramienta de acoso político. La iniciativa tiene como objetivo reformar la figura de la acusación popular, un mecanismo que, según el PSOE, está siendo utilizado por sectores de ultraderecha como Manos Limpias, Hazte Oír, Vox o Iustitia Europa para atacar a políticos progresistas, artistas, activistas y otros colectivos.

El portavoz socialista, Patxi López, explicó que la PLO, titulada “Ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, pretende limitar las querellas que carecen de pruebas sólidas y aquellas basadas exclusivamente en informaciones periodísticas. Según López, "estos grupos buscan perseguir y difamar a quienes no comulgan con sus planteamientos ideológicos".

Cambios clave de la reforma

La proposición legislativa aborda varios aspectos que redefinirían el uso de la acusación popular en España:

Limitación de la acusación popular

• Solo podrán ejercerla personas físicas con un interés legítimo en el caso.
• Se restringe su participación a la formulación de querellas iniciales y al juicio oral, dejando la instrucción en manos de la Fiscalía y los afectados directos.
• Los partidos políticos, asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos quedarían excluidos por “coherencia institucional” para evitar la instrumentalización política de los tribunales.

Prohibición de querellas basadas solo en recortes de prensa

• No se admitirán denuncias judiciales que carezcan de pruebas adicionales a informaciones periodísticas. Según el PSOE, estas prácticas solo buscan crear repercusión mediática y desprestigiar a los acusados.

Eliminación del delito de ofensas religiosas

• Se derogará el artículo 525 del Código Penal, que tipifica como delito las ofensas contra los sentimientos religiosos. El PSOE argumenta que este delito es usado por grupos ultras para perseguir a artistas y activistas sin fundamento real, y que sus objetivos ya están cubiertos por los delitos de odio.

Abstención y recusación de jueces por declaraciones públicas

• Se ampliarán las causas para apartar a jueces que se hayan pronunciado públicamente sobre partidos políticos, sindicatos u otras entidades. El objetivo es garantizar la imparcialidad judicial.

Aplicación retroactiva y control de filtraciones mediáticas

Una de las disposiciones más controvertidas es la transitoriedad de la ley, que permitiría aplicarla a casos ya en curso. Además, la reforma busca acabar con las filtraciones de sumarios judiciales por parte de las acusaciones populares, que, según el PSOE, “tienen objetivos políticos”. Estas filtraciones suelen generar un daño reputacional irreversible para los afectados, advierte la propuesta.

Contexto político y reacciones

El PSOE presenta esta reforma tras la proliferación de denuncias contra dirigentes socialistas y el entorno del presidente Pedro Sánchez. Entre los afectados se encuentran su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, quienes enfrentan querellas por supuestas irregularidades basadas en recortes de prensa.

La propuesta ha generado una fuerte reacción en la oposición. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, calificó la iniciativa como un ataque a la independencia judicial y aseguró que busca proteger al Gobierno de ser investigado por corrupción. "No hay mejor homenaje al franquismo", señaló Serrano, en alusión a las restricciones que la ley impondría a la libertad judicial.

Además, el dirigente popular acusó al Ejecutivo de Sánchez de "atacar sistemáticamente a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso", mientras promueve políticas que calificó de "autoritarismo disfrazado".

Por su parte, el PSOE sostiene que la reforma responde a una petición histórica del Tribunal Supremo, que ha insistido en la necesidad de regular la acusación popular para evitar su uso abusivo y la judicialización de la política.

Una reforma enmarcada en una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya había adelantado que el Gobierno planea aprobar este año una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para sustituir la actual, vigente desde 1882. La nueva norma otorgará a la Fiscalía el control de la instrucción penal y limitará aún más el papel de las acusaciones populares.

Según López, "la judicialización de la política corre el riesgo de desembocar en una politización de la justicia". Por ello, el PSOE busca garantizar la neutralidad judicial y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a estrategias que califica como “lesivas y abusivas”.