El Gobierno revoluciona el acceso a la carrera judicial: el plan para democratizar la justicia

El Gobierno ha presentado un ambicioso anteproyecto de reforma de la ley del Poder Judicial con el objetivo de democratizar el acceso a la carrera judicial y transformar profundamente el sistema de selección de jueces y fiscales. La propuesta incluye medidas clave como la introducción de un sistema de becas, exámenes anonimizados y menos peso para las pruebas memorísticas, marcando un antes y un después en el ámbito de la justicia en España.

Becas y exámenes más justos: el fin del elitismo en la justicia

La medida estrella del anteproyecto es la creación de un sistema de becas para los aspirantes a jueces y fiscales. Estas ayudas cubrirán un periodo de cuatro años, equivalente al salario mínimo interprofesional, y están diseñadas para facilitar que personas de cualquier nivel socioeconómico puedan preparar las oposiciones.

Actualmente, preparar estas pruebas requiere entre cuatro y cinco años de estudio intensivo, un proceso que muchos no pueden compaginar con un empleo. Este factor, sumado al alto coste de la formación, ha limitado históricamente el acceso a las clases más acomodadas, perpetuando un perfil mayoritariamente conservador en la judicatura.

Además, el anteproyecto propone una transformación del sistema de exámenes. Por un lado, los exámenes serán anonimizados para garantizar imparcialidad. Por otro, se reducirá el peso de las pruebas memorísticas, dando prioridad a ejercicios prácticos y de interpretación de textos legales, alineados con las necesidades de una sociedad en constante evolución.

Más jueces, más diversidad y menos temporalidad

Otro de los pilares de esta reforma es el incremento del número de jueces en el sistema judicial. Para ello:

• Se regularizará la situación de cientos de jueces sustitutos, permitiendo que ocupen plazas fijas y aumentando la estabilidad laboral.
• Se flexibilizará el régimen de incompatibilidades, permitiendo que los jueces sustitutos puedan trabajar en empleos relacionados con el derecho mientras no estén activos en una plaza.

Por otro lado, el texto también refuerza el llamado “cuarto turno”, que facilita el acceso de juristas de reconocido prestigio a la judicatura. Hasta ahora, no se ha cumplido la meta de que una cuarta parte de los jueces accedan por esta vía, lo que ha generado inseguridad en las convocatorias. Con esta reforma, las convocatorias serán anuales y simultáneas con las oposiciones tradicionales, y también se creará un cuarto turno específico para la carrera fiscal.

Financiación pública para preservar la imparcialidad

Para garantizar la transparencia en la justicia, el anteproyecto también regula la financiación de las asociaciones judiciales. Se prohibirá que estas entidades reciban financiación privada, limitando sus ingresos a fondos públicos y cuotas asociativas, con el objetivo de preservar su apariencia de imparcialidad.

Una reforma clave en el plan de transformación del Gobierno

Esta iniciativa forma parte del plan de reformas en justicia liderado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además de esta propuesta, el Gobierno trabaja en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la limitación de las acusaciones populares, medidas destinadas a modernizar y democratizar el sistema judicial español.

Con este anteproyecto, el Gobierno busca no solo aumentar la diversidad en el Poder Judicial, sino también garantizar que el acceso se base en los principios de igualdad, mérito y capacidad, dejando atrás cualquier tipo de elitismo. El futuro de la justicia en España podría estar más cerca de la igualdad real.