La caída del ómnibus acorrala a Sánchez: Junts y ERC exigen decretos separados para subir las pensiones

El Congreso rechazó este miércoles el polémico decreto ómnibus del Gobierno, que combinaba medidas clave como la revalorización de las pensiones para 2025 y la prórroga de las bonificaciones al transporte público con iniciativas más divisivas, como el impuesto a las grandes energéticas. La votación terminó con 177 votos en contra (incluidos PP, Vox y Junts) frente a 171 a favor, dejando en el aire las medidas sociales y cuestionando la estrategia legislativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Junts per Catalunya y ERC, socios fundamentales del Gobierno en el Congreso, han sido claros en su postura: están dispuestos a apoyar las pensiones y los descuentos en transporte público si se presentan como decretos independientes. Según el secretario general de Junts, Jordi Turull, la caída del ómnibus no es responsabilidad de su formación, sino de un “trilerismo político” por parte del PSOE, que buscó forzar a los partidos a aceptar medidas impopulares bajo la amenaza de bloquear otras esenciales.

Turull fue contundente: “Si no presentan un nuevo decreto sobre pensiones y transporte público, será porque no quieren, no porque no puedan”. Desde Junts, incluso han advertido que, si el Gobierno no actúa, serán ellos quienes presenten una proposición de ley para rescatar estas medidas.

ERC también ha urgido al Gobierno a actuar. Según fuentes del grupo, la solución es sencilla: desglosar las propuestas y permitir que se voten de manera independiente. “Si es necesario, podemos pasar toda una tarde votando punto por punto, y quedará claro quién está del lado de la ciudadanía y quién no”, aseguran.

Por su parte, Pedro Sánchez ha optado por culpar a los partidos que tumbaron el decreto de “provocar dolor social”. Sin embargo, no ha aclarado si el Ejecutivo convocará un Consejo de Ministros extraordinario para presentar nuevos decretos. Con un mes de margen antes de que las pensiones puedan verse afectadas, el Gobierno enfrenta una creciente presión para separar las medidas sociales clave del resto de las propuestas legislativas.

La próxima reunión del Consejo de Ministros, prevista para el martes, será crucial para determinar si el Ejecutivo opta por desatascar estas iniciativas o si mantiene su estrategia de confrontación, dejando en el aire medidas que afectan directamente al bienestar de millones de ciudadanos.