El Fiscal General denuncia que la UCO ha vulnerado su seguridad exponiendo datos privados

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ampliado la queja presentada ante la unidad de protección de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la difusión de su domicilio y el de otras personas en el último informe de la Guardia Civil. En el documento, la UCO incluyó el tráfico de llamadas de los dos teléfonos que utiliza el fiscal, abarcando un periodo de 10 meses, lo que, según denuncia, excede el objeto de la investigación.

Un informe que excede los límites fijados por el juez

El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, había limitado el análisis de los dispositivos electrónicos de García Ortiz a los días comprendidos entre el 8 y el 14 de marzo. En ese periodo, se hicieron públicas la denuncia contra Alberto González Amador por presunto fraude fiscal y el correo en el que el comisionista reconocía los delitos y solicitaba un pacto con la Fiscalía para evitar el juicio.

Sin embargo, el informe de la UCO va mucho más allá de esa franja temporal, incluyendo todas las llamadas recibidas y enviadas durante 10 meses, algo que el Fiscal General considera un atentado contra su privacidad.

"Un escaparate de mi vida sin control judicial"

En su escrito, García Ortiz denuncia que este informe supone una grave vulneración de su intimidad: "Se han expuesto mis datos, lo que significa el minutaje completo de la vida de una persona, con independencia incluso de mi condición de Fiscal General del Estado, lo que supone un quebranto irreparable para mi intimidad personal, familiar y profesional. Un escaparate de mi vida y mi persona sin que el tribunal adopte ninguna medida efectiva para impedirlo."

Además, recalca que la documentación entregada a las partes contiene "240.000 registros de mi actividad diaria y profesional", incluyendo datos personales y familiares que no guardan relación con la investigación. "Un seguimiento detallado, prolijo e innecesariamente detallado al segundo de toda mi actividad diaria."

Cambio de teléfono y refuerzo de seguridad

La exposición de estos datos ha tenido consecuencias inmediatas. García Ortiz ha cambiado de número de teléfono y ha cerrado su cuenta de Gmail tras recibir mensajes ofensivos. Además, tanto él como otras personas cuyos datos figuran en el informe han reforzado sus medidas de seguridad ante el riesgo que supone la filtración de esta información.

Esta denuncia abre un nuevo debate sobre la protección de datos en investigaciones judiciales y el equilibrio entre la necesidad de esclarecer los hechos y el derecho a la privacidad de las personas implicadas.<