Pedro Sánchez no comparecerá en la Asamblea de Madrid sobre el caso Begoña Gómez
Moncloa se ampara en la falta de competencias para rechazar la citación del PP y Vox
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha decidido no comparecer en la comisión de investigación sobre Begoña Gómez, impulsada por el Partido Popular (PP) y Vox en la Asamblea de Madrid. La razón principal de esta decisión es que la Asamblea de Madrid no posee competencias estatales para fiscalizar al jefe del Ejecutivo nacional, lo que deja claro que el tribunal regional no tiene autoridad para requerir su presencia en este contexto.
En un comunicado oficial, Moncloa explicó que la citación no tiene base legal, amparándose en antecedentes jurídicos y en dictámenes del Consejo de Estado, como el 193/2016, que refuerzan su postura. Diego Rubio, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, fue el encargado de firmar la carta enviada a la Asamblea de Madrid, destacando que "no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades del Estado".
La comisión de investigación tiene como objetivo esclarecer un posible trato de favor a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en su proceso de obtención de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Sin embargo, los promotores de esta citación, que incluyen al PP y Vox, no han logrado presentar pruebas concluyentes que respalden las acusaciones de irregularidades. Por su parte, el codirector de la cátedra de Gómez ha desmentido cualquier tipo de trama o irregularidad, calificando las acusaciones de "cuento absurdo".
Ante la falta de avances sustanciales, el PSOE y Más Madrid decidieron abandonar la comisión, calificándola de un "circo" y de ser una "maniobra partidista" del PP. Esta situación ha generado un ambiente de desconfianza y malestar, lo que ha llevado a evaluar la posible suspensión de la comisión, dado que no parece haber pruebas sólidas ni avances significativos en la investigación.
En resumen, el caso de Begoña Gómez sigue siendo un tema de controversia política, pero la falta de pruebas y la falta de competencias de la Asamblea de Madrid han marcado el curso de una investigación que podría quedar congelada si no se presentan nuevos elementos que justifiquen su continuidad.
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