Golpe judicial a la cúpula de la Fiscalía: WhatsApp entrega los mensajes borrados de García Ortiz
El juez accede al contenido eliminado el mismo día en que el fiscal general fue imputado: la UCO analizará la carpeta secreta cada cinco días
El caso que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, da un giro decisivo. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha recibido por fin la documentación clave que solicitó a WhatsApp y Google a través de las autoridades judiciales de Irlanda. Los datos, enviados este martes al Supremo mediante la delegación española en Eurojust, incluyen los mensajes que García Ortiz eliminó el mismo día en que se conoció su imputación por una presunta filtración de secretos.
Según el auto al que ha tenido acceso 20minutos, el juez considera que “parece haber obtenido la información que se interesaba”, y ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice el contenido y remita avances cada cinco días. Además, ha abierto una pieza separada bajo secreto de sumario durante un mes.
La clave de la investigación sigue siendo un correo electrónico entre la defensa de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso— y el fiscal que lo investigaba por fraude fiscal. En ese correo, la defensa admitía los delitos. El mensaje fue filtrado apenas minutos después de llegar a manos del fiscal general, lo que disparó todas las alarmas.
La primera diligencia del juez fue el registro de los despachos del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Aunque su móvil sí contenía mensajes incriminatorios, el de García Ortiz no: había borrado todo y cambiado de teléfono justo ese día. Esta maniobra despertó las sospechas del juez, que solicitó ayuda internacional para rescatar los mensajes.
Ahora, con la documentación ya en manos del Supremo, el caso entra en una fase crucial. La UCO será la encargada de extraer e interpretar los datos contenidos en una carpeta zip enviada por WhatsApp, y deberá rendir cuentas al juez Hurtado con regularidad.
La investigación podría poner en jaque la figura del máximo responsable del Ministerio Fiscal y tener consecuencias políticas de alto voltaje.
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