Expertos internacionales alertan de las deficiencias en la Ley española para la defensa de las personas informantes

Este próximo miércoles 8 de febrero se votará en el Senado el proyecto de la "Ley para la defensa de personas informantes / alertadoras", que se aprobó el pasado septiembre del 2022. Sin embargo, entidades expertas como WIN han advertido que si la ley se tramita sin que se incluyan algunas enmiendas, el proyecto de ley podría tener consecuencias muy negativas. 

Esta ley serviría para dar protección a todas las personas que den información sobre posibles infracciones de las empresas. Precisamente, España ha vuelto a empeorar el grado de percepción de la corrupción según el informe anual de Transparency Internacional. Con esta nueva ley, debería mejorar el registro, aunque no será sencillo si tenemos en cuenta que puede acabar convirtiéndose en un trámite de mínimos para cumplir con las exigencias de la Unión Europea. 

Anna Myers, Directora Ejecutiva de WIN y Tom Devine, Director Jurídico del Government Accountability Project, afirmaron: “Es alarmante ver que los políticos no logran comprender el valor y la importancia de proteger a los informantes como una de las formas más efectivas de prevenir la corrupción e identificar los abusos de poder con suficiente antelación para detener el daño. Si lo hicieran, estarían luchando para que España tuviera la mejor ley de Europa. En cambio, el mensaje para la gente de España sigue siendo 'habla bajo tu propio riesgo' ".

Es por ello que WIN ha dirigido una carta a la Comisión Europea en la que se ha alertado de este proyecto ley que considera "disfuncional" y "poco claro" en aspectos sensibles. Según el portal Xnet, algunas de las lagunas principales de la Ley son: 

• Protección tan solo de los delitos "graves y muy graves", dejando de lado otras conductas como acoso o abuso de poder, a pesar de que la Directiva indicaba que la protección debería incluir cualquier tipo de amenaza o elementos que perjudiquen el interés público.
• Tan solo protege a los informantes que sigan los canales oficiales.
• No ampara de las reprealias por revelar información que ya esté en el registro público.

No elimina la responsabilidad penal.

• Otorga a la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante poderes demasiado amplios de investigación sin mandato judicial.
• No establece requisitos técnicos para los sistemas de información, descriminando así a aquellos que lo usan de forma anónima a pesar de que la Ley debe admitir la anonimidad en igualdad de condiciones.
• Abandona a sus suerte las organizaciones que ayudan e investigan junto con las personas que informan.