¿Qué proceso tendría que pasar Puigdemont para conseguir un hipotético indulto?

El ex presidente catalán Carles Puigdemont se ha convertido en una figura clave para que Pedro Sánchez pueda mantenerse en La Moncloa, dado que necesita el apoyo de Junts para una nueva investidura. En consecuencia, el futuro judicial del líder independentista vuelve a ser un tema de relevancia política. Sin embargo, el proceso hacia un posible indulto sería largo, ya que requeriría una condena previa, y la opción de una amnistía plantea interrogantes constitucionales.

Actualmente, la situación judicial de Puigdemont es la de un procesado en rebeldía por delitos de desobediencia, que puede ser penado con una multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años. También se le acusa de malversación agravada, delito que puede ser castigado con una pena de entre 6 y 12 años de cárcel. Estas acusaciones están relacionadas con el referéndum ilegal celebrado en Catalunya el 1 de octubre de 2017.

En los últimos meses, los tribunales europeos han emitido dos resoluciones cruciales que le acercan a España. En primer lugar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó el 31 de enero que las autoridades judiciales que reciben euroórdenes no pueden negarse a ejecutarlas basándose en presuntas violaciones de derechos fundamentales, a menos que se demuestren deficiencias sistémicas y generalizadas en el país. Y, en segundo lugar, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) levantó el 5 de julio la inmunidad que Puigdemont tenía cautelarmente como eurodiputado.

Estas dos decisiones, junto con el hecho de que su nuevo procesamiento --que el instructor del 'procés', Pablo Llarena, tuvo que revisar debido a la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación-- ha quedado confirmado por el Tribunal Supremo. A raíz de estos acontecimientos, la Fiscalía ha solicitado esta misma semana al magistrado que reactive las órdenes europea e internacional de busca y captura contra Carles Puigdemont.

La concesión del indulto, que ya fue otorgado parcialmente en junio de 2021 a los condenados por el 'procés' en octubre de 2019, solo es posible cuando el individuo ha sido juzgado y condenado. La Ley del Indulto establece que ""los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados de toda o parte de la pena en que hubiesen incurrido", pero excluye expresamente a "los procesados criminalmente que no hubieren sido aún condenados por sentencia firme".

Además, es importante tener en cuenta que el proceso de indulto conlleva varios trámites, que incluyen la recopilación de informes de instituciones penitenciarias, el tribunal sentenciador o la Fiscalía, antes de que el Gobierno tome una decisión sobre la concesión de la medida de gracia.

¿ES POSIBLE CONCEDER LA AMNISTÍA?

En este escenario, el indulto sería el último recurso en un proceso que podría extenderse durante años. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmado en RAC1 que el ex presidente no está buscando una solución personal, y argumenta que la amnistía es la "vía más impecable y limpia" para resolver el "problema".

La última Ley de Amnistía fue aprobada en 1977, como parte de la reforma política impulsada por el Gobierno de Adolfo Suárez. Esta ley tenía el propósito de perdonar "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas" hasta ese momento.

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, su artículo 62 contempló la posibilidad de "ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley", pero estableció que en ningún caso se podrían conceder "indultos generales".

La opinión predominante en la doctrina jurídica es que, al mencionar expresamente el indulto pero no la amnistía, y prohibir los indultos generales, la Constitución no admite amnistías. No obstante, algunos juristas sostienen que si se puede conceder un indulto (perdonar una condena), también se podría otorgar una amnistía (perdonar sin necesidad de un proceso judicial previo).

Sin embargo, los expertos auguran que una eventual amnistía terminaría siendo sometida al Tribunal Constitucional (TC) para su revisión y resolución.