El Tribunal Supremo admite a trámite la denuncia de SCC contra Yolanda Díaz por reunirse con Puigdemont

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite la querella interpuesta por Societat Civil Catalana (SCC) contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz, por haberse reunido con Carles Puigdemont en Waterloo para negociar la investidura de Pedro Sánchez, según acaba de confirmar SSC a través de sus redes sociales.

SCC puso la querella contra Díaz por "negociar asuntos de Estado con un prófugo de la justicia", según afirmaba en el comunicado remitido a los medios. 

En la denuncia, la entidad ha acusado a Díaz de un delito de "omisión del deber de perseguir delitos por una autoridad o funcionario público" por la reunión que mantuvo el pasado lunes en Bruselas con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

La entidad ha argumentado que la vicepresidencia es un cargo del que Díaz --textualmente-- no puede desprenderse a voluntad y alegar que únicamente interviene a título de líder de Sumar, y ha sostenido que "trató asuntos de estado con un prófugo de la justicia, negociando las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez".

"Prueba de que acudió en representación del Ejecutivo en funciones es que la vicepresidenta no ha sido cesada de su cargo", ha asegurado SCC, que ha afirmado que, a su juicio, si el Ejecutivo desconocía el encuentro la reacción lógica habría sido cesarla.

"ES ALGO INAUDITO"

Societat Civil Catalana también ha expuesto en la denuncia que si bien es cierto que hasta ahora el tipo penal recogido en el artículo 408 del Código Penal se ha aplicado a funcionarios o autoridades cuya obligación directa era perseguir delitos, "la conducta omisiva de la Sra. Díaz también tiene un perfecto encaje en este tipo penal".

"La conducta de Yolanda Díaz atenta frontalmente contra el interés general de todos los españoles, atenta contra la legislación vigente y contra las resoluciones judiciales existentes", ha concluido la entidad.

Asimismo, ha afirmado que "que una vicepresidenta se reúna con alguien reclamado por la justicia es algo inaudito y supone una evidente deslegitimación de las instituciones del Estado".