ERC y Junts presionan a Sánchez por el perdón de la deuda catalana en sus negociaciones

En una coyuntura política cargada de tensiones, los partidos independentistas catalanes, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya, han intensificado sus conversaciones en la recta final de las negociaciones sobre la investidura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El objetivo detrás de estas conversaciones es aliviar la abultada deuda que la comunidad autónoma de Cataluña mantiene con el Estado y que deberá ser afrontada en los próximos años.

DEUDA HASTA 2028 

La Generalitat de Cataluña enfrenta vencimientos de deuda por un total de 31.868 millones de euros en el período comprendido entre 2024 y 2028. Estos compromisos representan un aumento del 13% en los costos, a menos que los líderes de ERC, encabezados por Pere Aragonés, logren persuadir al candidato socialista a la presidencia para que condone una parte de los más de 73.000 millones de euros que Cataluña adeuda al Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Además, esta carga financiera se ve agravada por el incremento de los intereses de la deuda, que se prevé que aumenten en un 104% para el año 2026, alcanzando la cifra de 2.412 millones de euros.

La propuesta de reducir la deuda es una intención compartida por ambas formaciones independentistas. Junts, desde que obtuvo un papel crucial en el escenario político tras las elecciones del 23-J, ha estado insistiendo en la necesidad de una condonación de deuda y la transferencia de competencias fiscales a Cataluña. En este contexto, ambas agrupaciones también han subrayado el conocido como 'déficit fiscal', argumentando una diferencia de 22.000 millones entre lo que Cataluña aporta a las arcas del Estado y lo que recibe.

El cronograma de pagos se presenta como un desafío crucial para mantener el equilibrio en las finanzas de Cataluña. Según datos proporcionados por la Generalitat, en 2024, el Gobierno catalán deberá hacer frente a un pago de 7.988 millones de euros, una cifra que irá en aumento en los próximos ejercicios. En 2025, el costo se elevará a 7.828 millones, para alcanzar los 7.946 millones un año después, y finalmente superar los 8.100 millones en 2027.

La condonación de parte de la deuda se ha convertido en una condición crucial para la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, esta medida no solo conlleva un costo económico, sino también un costo político, ya que podría generar malestar entre otros líderes autonómicos, especialmente aquellos que han logrado reducir la deuda en sus regiones en los últimos años. Por ejemplo, el presidente de Euskadi, Íñigo Urkullu, lidera las negociaciones con el PSOE con la intención de alcanzar un acuerdo de legislatura que brinde estabilidad parlamentaria al próximo Gobierno.

El camino de Pedro Sánchez se presenta complicado, ya que deberá satisfacer tanto a su futuro socio parlamentario como a otros líderes autonómicos para evitar una posible revuelta en las filas socialistas. La tensión es evidente, y ejemplos como la Comunidad de Castilla-La Mancha, gobernada por Emiliano García Page, que mantiene una deuda de más de 11.000 millones de euros con el Estado, demuestran la complejidad de la situación. Además, la amnistía a los condenados del proceso independentista catalán que ERC está negociando con el PSOE ha generado descontento dentro del propio partido socialista. La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens, ha anticipado la reacción de los líderes autonómicos del Partido Popular, planteando la pregunta de si la condonación de la deuda se aplicará únicamente a Cataluña.

INASUMIBLE

Si Pedro Sánchez opta por satisfacer a todas las regiones, la factura se volverá inasumible, incluso si se aplica de manera proporcional. En total, las Comunidades Autónomas deben al Fondo de Liquidez Autonómica un total de 184.000 millones de euros. La Comunidad Valenciana acumula una deuda de 46.274 millones, mientras que Andalucía supera los 25.000 millones, según datos del Banco de España. Otras regiones, como la Región de Murcia, Baleares y Aragón, también enfrentan deudas significativas que deberán abordar en los próximos años.