Los Veintisiete abordarán este martes 24 de octubre, por segunda vez, la petición del Gobierno para reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, una cuestión sobre la que sin embargo no se esperan decisiones puesto que España aún no ha respondido a las dudas legales y financieras que sus socios exigen aclarar antes de estudiar el fondo de una eventual decisión.
El asunto ha sido incluido por la presidencia europea rotatoria que este semestre ejerce España en la agenda del Consejo de Asuntos Generales que se celebra en Luxemburgo y figura como presentación de un "informe de progreso", sobre el que el Gobierno no ha querido brindar ningún detalle, sin que esté prevista la adopción de decisión.
En un primer debate a 27 el pasado septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ofreció aplazar en la práctica la oficialidad del euskera y gallego para comenzar con el catalán, si bien fuentes europeas consultadas por Europa Press indicaron que ningún otro país planteó una aplicación a dos velocidades como una alternativa para facilitar la aprobación de la medida.
El jefe de la diplomacia española defendió un cambio del reglamento que incluyera al mismo tiempo las tres lenguas cooficiales en el listado común pero añadió que se podría "iniciar el despliegue primero con el catalán y, seguidamente, con las otras dos lenguas", sin que ello supusiera "en absoluto" una discriminación para las dos lenguas relegadas.
Esta opción, sin embargo, no quedó plasmada en ningún documento del Consejo, por lo que la propuesta que hay sobre la mesa sigue planteando la inclusión de las tres lenguas en el reglamento común, algo para lo que es necesaria la unanimidad de los Veintisiete.
El Gobierno también planteó que sea España quien asuma los costes de la traducción e interpretación a las tres lenguas cooficiales en el marco de la Unión Europea pero el resto de Estados miembro se mantienen escépticos puesto que hasta ahora no han visto ninguna evaluación del impacto financiero de la medida y porque el reglamento de la UE prevé que sea a cargo de las arcas comunitarias.
Tanto en el primer debate a nivel de ministros como cuando el asunto se ha tratado a nivel de embajadores, ninguna delegación ha expresado un no rotundo pero cerca de una quincena de miembros han avisado de que ven "muchas preguntas sin respuestas" en la propuesta española y tienen difícil tomar una decisión sin un dictamen jurídico, una evaluación del coste y otras respuestas.
Además, aunque en septiembre se apuntó que la demanda de reconocer como lenguas de la UE el catalán, el euskera y el gallego sería examinado a nivel de expertos en el Consejo para analizar las distintas derivadas de la propuesta, hasta el momento no se ha encargado formalmente la labor a ningún grupo de trabajo, según distintas fuentes europeas.
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