La amnistía libraría de juicios los actos de los CDR y Tsunami Democràtic mientras el PP intenta impedirlo desde el Senado

Según trascendió este miércoles la norma, además, también abarcaría a los investigados por los disturbios presuntamente organizados por Tsunami Democràtic tras las condenas por el 1-O en el otoño de 2019, y que fueron desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Via Laietana.

En el marco de la investigación, la Guardia Civil situó a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la gestión en la sombra de Tsunami Democràtic en un informe incorporado a la causa. 

El Instituto Armado coloca a Rovira y otros miembros de ERC en la organización de lo que aparentaba ser un movimiento ciudadano de carácter espontáneo. Los investigadores lograron identificar a los partidos y entidades independentistas que habrían orquestado las acciones de Tsunami Democràtic, con Rovira al frente de la estructura política.

LAS ACCIONES DE TSUNAMI QUEDARÍAN SIN CONSECUENCIAS

Sin embargo, la existencia de un aforado entre los investigados, la derogación este año del delito de sedición y las dudas acerca de si los hechos serían constitutivos de un delito de terrorismo han dejado en el aire que la causa pueda continuar en la propia Audiencia Nacional, ya que se plantea la posibilidad de que deba ser remitida para su instrucción a los Juzgados de Barcelona.

El pasado mes de octubre, entre tanto, el juez García Castellón aceptó la personación de Vox y de la asociación Dignidad y Justicia en la causa a cambio de la "previa prestación de una fianza de 200 euros para responder de las resultas del juicio".

Una de las cuestiones sobre las que se puso la lupa en su momento fue que Tsunami Democràtic utilizó una aplicación móvil para sus acciones de protestas, entre ellas el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, el corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Via Laietana.

Fue en agosto de 2021 cuando el titular del juzgado, Manuel García-Castellón, sumó a esta causa secreta parte de 'Voloh', otro caso donde el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, a cargo de Joaquín Aguirre, investiga el presunto desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista.

El nexo entre ambas causas sería el exconseller de ERC, Xavier Vendrell, que fue detenido en el marco de 'Voloh', y al que el juez Joaquín Aguirre atribuye "la actividad de dirección y participación directa" en las acciones de Tsunami Democràtic durante el otoño de 2019.

OBJETIVO: LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA

En la causa de los CDR, cabe recordar que el magistrado dio por finalizada la investigación y la Fiscalía propuso el pasado mes de junio juzgar a 12 personas por un delito de pertenencia a organización terrorista, achacando a ocho de ellos además delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos.

En concreto, el fiscal pidió sentar en el banquillo a Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa.

Respecto a los demás procesados, el Ministerio Fiscal señaló a Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista. Se trata de las personas encuadradas en la denominada 'Operación Judas'. Todos ellos, según el juez Manuel García Castellón, formaban parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.

La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraban totalmente entregados a "la causa" para encargarles las acciones más sensibles.

USO DE LA VIOLENCIA EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Todos los investigados, señalaba García Castellón, compartían principios ideológicos y objetivo: conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión. De acuerdo con el relato judicial, los miembros del ERT habrían tenido participación activa en algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el 1-O desde la cárcel de Lledoners.

También tendrían ambiciosos planes. Así, habrían asumido el encargo recibido del denominado 'CNI catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Catalunya, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana. Entrarían por la puerta principal, porque supuestamente se les facilitaría el acceso desde el interior, y se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configurarían ellos mismos.

Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el 'CNI catalán' para alquilar las casas y los locales que les permitirían establecer bases de "intendencia", montando antenas de larga distancia para dicha red de telecomunicaciones. Todo ello con un presupuesto de unos 6.000 euros. De esta forma, los doce procesados, aprovechándose de los contactos propiciados por su militancia en los CDR, "se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior.

EL PP PRESENTA UNA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA TENER POTESTAD DE DILATAR LA LEY DE AMNISTÍA

El Grupo Popular ha presentado una reforma del Reglamento del Senado para dar potestad a la Mesa de la Cámara Alta, donde los de Alberto Núñez Feijóo cuentan con mayoría absoluta, para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en los proyectos de ley, como será previsiblemente el de la amnistía.

  Según fuentes del PP, se pretende modificar el artículo 133 del Reglamento del Senado para que en las proposiciones de ley, la Mesa del Senado pueda decidir si aplica del procedimientos de urgencia, cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados.

  De esta manera, se dilataría la ley de amnistía que el PSOE está pactando con los independentistas y que se presentaría a lo largo de esta semana, previsiblemente.