Inusual movimiento del Fiscal General: ¿Amnistía en Catalunya antes de la propia Ley?

La complejidad del tema y la urgencia en la aplicación de la amnistía fueron destacadas en el oficio, fechado el 16 de noviembre y registrado en la Fiscalía Provincial de Barcelona el 1 de diciembre.

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EuropaPress 5463667 fiscal general estado alvaro garcia ortiz jornadas 25 septiembre 2023

 

EuropaPress 5463667 fiscal general estado alvaro garcia ortiz jornadas 25 septiembre 2023
La complejidad del tema y la urgencia en la aplicación de la amnistía fueron destacadas en el oficio, fechado el 16 de noviembre y registrado en la Fiscalía Provincial de Barcelona el 1 de diciembre. EP

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha solicitado anticipadamente a la Fiscalía del Tribunal Superior de Catalunya un listado de procedimientos judiciales en curso o ya sentenciados que puedan beneficiarse de la futura ley de amnistía. Este pedido se realizó incluso antes de que la propuesta de ley iniciara su trámite parlamentario, previsto para el 12 de diciembre.

 

El oficio, fechado el 16 de noviembre y registrado en la Fiscalía Provincial de Barcelona el 1 de diciembre, destaca la complejidad del tema y la urgencia en la aplicación de la amnistía según lo previsto en la proposición de ley. La solicitud se realiza "en aras de dar cumplimiento a la misión constitucional del Ministerio Fiscal a través del principio de unidad de actuación que rige nuestra institución", según la Secretaría Técnica dependiente de García Ortiz.

 

El fiscal general ha pedido que se envíe información sobre procedimientos penales relacionados con el proceso independentista en Cataluña, abarcando consultas de noviembre de 2014 y octubre de 2017, junto con sus preparativos y consecuencias, ocurridos entre enero de 2012 y noviembre de 2023.

 

El artículo 9 de la proposición de ley establece la competencia para aplicar la amnistía, mientras que el artículo 10 insta a los órganos judiciales, administrativos o contables a tomar decisiones con carácter preferente y urgente en un plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de futuros recursos.

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