Casi la mitad de funcionarios españoles consume psicofármacos para cuidar su salud mental

El 49 por ciento de los empleados públicos en el último año ha tomado fármacos psicoactivos, como ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, para cuidar su salud mental, según revela una encuesta elaborada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Con motivo de la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, CSIF ha presentado este viernes la encuesta'¿Cómo te sientes?', que está centrada en las medidas de promoción de salud mental y bienestar laboral de los empleados públicos. 

La encuesta se ha realizado mediante entrevistas a más de 6.300 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas: Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y empresas públicas.

"El 76 por ciento de los empleados públicos reconoce abiertamente que su salud mental se resiente por las condiciones de trabajo, circunstancia principal que lleva al consumo de estos psicofármacos", ha señalado la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Encarna Abascal Pérez, durante una rueda de prensa celebrada en Madrid. 

En este sentido, los psicofármacos más consumidos son: ansiolíticos e hipnosedantes (71% de los que reconoce su uso), antidepresivos (12%) y otras sustancias (17%). En concreto, los motivos más mencionados para este consumo son un exceso de la carga de trabajo, falta de desconexión digital, deficiente calidad de liderazgo, falta de apoyo, conflictos entre compañeros y estrés laboral. Con estos datos, Abascal ha asegurado que la situación de los empleados públicos es "insoportable", a la vez que ha denunciado "la falta de protección de la Administración a los trabajadores". 

"Además, la mayoría de los centros de trabajo no cuenta con medidas frente a riesgos psicosociales y apoyo psicológico, por lo que se incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la falta de medidas de protección de los profesionales", ha indicado Abascal. 

Perfil: mujer y trabajadora en sanidad o educación CSIF

destaca que el consumo diario de estos fármacos es casi generalizado en todos los ámbitos de la Administración. El perfil mayoritario es el de una mujer de prácticamente todos los rangos de edad (entre los 35 y los 67 años), trabajadora de la sanidad pública, en la administración o en un centro educativo, que consume ansiolíticos para soportar la sobrecarga de trabajo, falta de reconocimiento, dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud, conflicto entre compañeros, acoso y la falta de desconexión digital. 

"La mayor parte de la prescripción de psicofármacos se produce en Atención Primaria. Los profesionales no lo hacen mal, pero lo más rápido y fácil es poner el fármaco a la persona en ese momento. Hay que tener en cuenta que la intervención de un psiquiatra necesita más tiempo y recursos y eso, en ocasiones, es complicado", ha afirmado el psiquiatra Carlos Llanes. Además, el 60 por ciento reconoce que necesita ayuda psicológica, pero solo la obtiene un 38 por ciento, en la mayoría de los casos costeándosela por sus propios medios; y más de dos tercios de los empleados públicos (el 67 por ciento) revela que en el último año no se ha realizado en su centro de trabajo ninguna actuación relacionada con la promoción de la salud mental y protección frente a riesgos psicosociales.

En este punto, Elia Ruiz, enfermera, ha contado su caso, en el que tuvo que recibir tratamiento psicológico después de cambiar de servicio. 

"En ese momento, la conciliación familiar no era viable, algo que me generó estrés. A partir de ahí comencé con el parche de los ansiolíticos y el año pasado, en plena campaña de vacunación de la gripe, tuve un ataque de pánico. Sentí que me iba a morir y, a partir de ahí, fueron más ansiolíticos y antidepresivos, hasta llegar a una baja laboral que duró seis meses", ha detallado Ruiz.

Ambiente de trabajo

El 57 por ciento de los encuestados reconoce que en su organización no existe ni se promueve un clima laboral de confianza. En este sentido, las situaciones más frecuentes en este año y por las que hasta se han llegado a sentir sobrepasados en algún caso son sobrecarga de trabajo, falta de desconexión digital, acoso, falta de reconocimiento, dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud y conflicto entre compañeros. 

Más de la mitad de los empleados públicos no comunicaría que tiene una enfermedad mental en el trabajo por miedo a sentirse discriminado o estigmatizado, en concreto un 57 por ciento. Un 31 por ciento lo haría solo si fuera obligatorio. El sindicato ha recordado que en España alrededor del 19 por ciento de la población sufre alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. El Ministerio de Sanidad estima que una de cada cinco personas experimenta algún tipo de trastorno mental, como depresión o ansiedad.

'Derrumbando estigmas de la salud mental en el ámbito laboral'

Como consecuencia de este estudio, CSIF ha iniciado la campaña 'Derrumbando estigmas de la salud mental en el ámbito laboral' en todos los centros de trabajo para sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la salud mental y animándoles a cuidarla, denunciando ante la Inspección de Trabajo y los comités de seguridad y salud cualquier incumplimiento en Prevención de Riesgos Laborales sobre salud y solicitando planes de promoción de la salud y prevención de las conductas suicidas. 

Asimismo, el sindicato ha reclamado al Gobierno la adopción de medidas urgentes en el ámbito de la salud mental. "Es necesario más presupuesto para que los servicios públicos de salud incrementen el número de profesionales de la salud mental. En concreto, reclamamos un incremento de psicólogos clínicos en los centros de Atención Primaria y Especializada", ha manifestado Abascal. 

Así, consideran necesario ampliar las plazas de especialidad de Medicina del Trabajo en las convocatorias anuales de Formación Sanitaria Especializada; actualizar el cuadro de enfermedades profesionales, y aumentar los recursos humanos en los servicios de prevención de las administraciones, entre otros.