En marzo se cumplirán 3 años de la llegada del coronavirus a España y de todos los cambios que provocó en nuestras vidas. El virus, la Covid,  atacó de forma cruel a toda la sociedad, pero se cebó con los más débiles; es el caso de muchas residencias de ancianos, donde murieron miles de personas mayores, en muchos casos según denuncian sus familiares por presunta "desatención asistencial".

De hecho, Amnistía Internacional (AI) denunció, a principios de este año, que en España ha habido 35.000 de estos casos, de usuarios de residencias que murieron, sin recibir "ninguna respuesta" por parte de la Fiscalía

La ONG además exigió que se hiciera "justicia" y que se reparara "el abandono sufrido por las familias y la impunidad patentes en seis instituciones del estado". AI apuntaba, directamente, "a los gobiernos centrales y autonómicos, al Congreso de los Diputados, a la Fiscalía General del Estado, al Defensor del Pueblo y al Consejo General del Poder Judicial".

De esos 35.000, se estima que cerca de 9.500 murieron en Catalunya, de modo que el Parlament quiso poner en marcha una comisión independiente para investigar lo sucedido, aunque esto se paralizó en el momento que el acuerdo de la Generalitat entre ERC y Junts per Catalunya saltó por los aires, el 7 de octubre de 2022.

LA LUCHA DE LAS FAMILIAS CONTINÚA

Así, son las familias de las personas fallecidas quienes asumen la lucha por la dignidad y para que se haga justicia. Uno de los casos es el de Cipriano Victorio, cuya madre, Alicia, falleció a principios de abril de 2020 en la residencia Sophos de Sant Joan Despí.

Cascada de denuncias sobre la residencia Sophos de Sant Joan Despí, donde han muerto 29 personas

"Fue una de las 40 y tantas víctimas de los 117 residentes del centro que fallecieron", explica a Catalunya Press. "Murió en unas condiciones terribles, estaba indefensa", añade. Alicia sufrió una broncoaspiración, aunque desde el centro temen que también se infectara del virus, por los síntomas que presentaba. "Me dijeron que en la residencia estaría bien atendida y me lo creí", asegura Victorio, que dice que pudo estar con su madre antes de su muerte, aunque en los últimos días de su vida "no llevaba puesto el respirador, tenía los pies llenos de llagas y nadie la había curado".

Todos estos detalles están en el escrito que presentó a la Fiscalía de Barcelona. Sin embargo, pese a que el fiscal Álvaro García Ortiz ha dado órdenes a las fiscalías locales para que escucharan a las familias, su caso, como tantos otros, no se reabren o se archivan. "Es un paripé", lamenta, contundente, Victorio, que ve como sigue sin obtener respuesta por parte de la justicia por lo que le pasó a su madre.

Y el de Victorio no es un caso aislado. "Conozco a más familiares que están en la misma situación que yo, que sus casos no han sido reabiertos", expone a Catalunya Press.

"NOS QUEDA PROTESTAR"

Ante esta situación, Victorio expone que las familias tienen la oportunidad de denunciar por la vía civil, aunque advierte que ello supone "invertir mucho tiempo y dinero". El hijo de Alicia lamenta que es "muy costoso y lo normal es que pierdas".

Así, lo que les queda (y lo que hacen de forma constante) es "manifestarnos, protestar y hacer ruido en las redes sociales". 

Y el próximo gran acto de protesta, de reivindicación de justicia por parte de los familiares de las víctimas, será el sábado 11 de marzo, en la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Frente a la Generalitat, entidades como Els Estels Silenciats, Moviment Residencies i SAD Catalunya, Riders, las Kellys, Marea Pensionista y Élite Taxi, entre otros, volverán a recordar a las administraciones que quieren "justicia y reparación" y una comisión que investigue los miles de casos a partir de la primavera de 2020.