David Madí, el exdirigente de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) con varias causas judiciales abiertas alguna de ellas derivada  del 'caso 3%', comparte abogada, con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que actualmente tras estar siendo investigada por presunta prevaricación y coacciones al fondo de inversión Vauras.

La abogada que representa a ambos políticos es Olga Tobau, conocida por haber conseguido la absolución del major de los Mossos Josep Lluis Trapero y de la intendiente Teresa Laplana en el juicio en la Audiencia Nacional de Madrid. Ambos estaban acusados por rebelión y sedición en el marco del Juicio al proceso independentista catalán, 

Del mismo modo, llevó la defensa de Eloi Badia por la renovación del convenio de cesión del Casal Popular Tres Lliris del Barrio de Gracia. 

Eloi Badia se defiende en los juzgados diciendo que "la cesión de uso es un modelo habitual en la ciudad"

COLAU GASTA MUCHO DINERO PÚBLICO EN DEFENSA JURÍDICA EN LOS JUICIOS PENDIENTES QUE TIENE ABIERTOS

Cabe recordar que el gobierno de Ada Colau presupuestó  18.000 euros para la defensa de la alcaldesa por la querella por la que está siendo investigada por las ayudas a entidades afines. El director de los Servicios Jurídicos municipales, Manuel Mallo Gómez, y el gerente de Recursos, Agustín Abelaira, han emitido un informe en el que concretan que el presupuesto solo para la fase de instrucción asciende a la citada cantidad. La defensa de Colau corre a cargo de los abogados Olga Tubau y Àlex Sola.

La primera edil de la ciudad declaró como investigada, el 4 de marzo de 2022, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por la concesión de subvenciones a entidades afines. 

El informe justifica el gasto por el derecho de asistencia jurídica del personal municipal y de los cargos electos, reconocido por la legislación general de régimen local, por el reglamento de desarrollo y, en el caso de Barcelona, por el Reglamento orgánico, y se artícula de conformidad con la instrucción de la comisión de gobierno del 8 de julio de 2021. Esta instrucción establece que la persona interesada puede pedir el resarcimiento de las facturas que haya de abonar y solicitar al Ayuntamiento que las pague.

Los gastos en abogados por parte de Colau irán a más dado que está siendo investigada también por un caso de coacciones y prevaricación administrativa por el caso del Bloc Llavors, una finca propiedad del fondo Vauras Investment que fue okupada. La querella presentada originalmente fue archivada el 27 de noviembre de 2020 por el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona. Sin embargo, ahora, ha sido revocada parcialmente por la Audiencia Provincial, que ordena admitir a trámite la querella en lo que hace referencia al delito de coacciones y al delito de prevaricación administrativa, según el fallo del 22 de abril de 2022. El resto de delitos no han sido admitidos a trámite.

Ada Colau declara por presuntas coacciones al fondo Vauras

Colau también es investigada por la concesión de subvenciones públicas a entidades afines. La Audiencia de Barcelona ratificó en noviembre de 2022 la decisión de un juez de instrucción de archivar la causa contra ella y ha decidido reabrir el caso al ver indicios de prevaricación. Los magistrados atienden, en parte, la petición de la asociación que se querelló contra la alcaldesa de Barcelona y ordenan que se practiquen nuevas diligencias antes de decidir si la causa se archiva definitivamente o sigue adelante.

La Audiencia cree que existen indicios de delito, por lo menos para que siga adelante la investigación.  “No se puede descartar”, añade la resolución, que Colau “haya podido participar en la comisión de infracciones penales”, por lo que deben practicarse algunas de las pruebas solicitadas por la querellante, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD). Los magistrados matizan que aluden sólo a Colau porque es respecto a ella que se dictó el auto de archivo el pasado julio.

La justicia reabre la causa contra Ada Colau por conceder ayudas públicas a entidades afines

Los magistrados consideran que, en algunos casos, puede haberse infringido la normativa que regula la concesión de subvenciones, aunque admiten que pasaron todos los filtros de control y fueron aprobadas por la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Barcelona. 

Los gestores de las subvenciones debieron haber “desestimado inicialmente” las propuestas de las entidades sociales que resultaron beneficiarias cuando estas las solicitaron por segunda vez, en 2016, ya que se trataba de ayudas recurrentes y no puntuales. El auto entiende que en 2014 era lógico por la urgencia y alcance de las actuaciones subvencionadas, agruparlas en una sola ayuda a las tres entidades; pero entiende que a partir de 2016 hubo tiempo de convocarlas con concurrencia pública y separando las distintas actuaciones en convocatorias diferentes. También apunta que Colau podría haberse abstenido en la votación de las ayudas cuando se aprobaron en la Comisión de Gobierno municipal.

La resolución también reprocha que la interventora municipal no solo debió hacer “observaciones” sobre ese aspecto, sino que debería haber introducido “reparos” para frenar esa forma de conceder ayudas.

DAVID MADÍ TIENE ABIERTAS VARIAS CAUSAS JUDICIALES

Madí ha sido noticia este martes por el archivo de la causa contra él en el caso Voloh. Pero son varias las causas judiciales abiertas contra David Madí. Una ha acabado en sentencia condenatoria, otras son archivadas. Algo que ha ocurrido ahora con el caso Voloh. El juez ha decidido exculpar al exdirigente de CDC, investigado por supuesto tráfico de influencias, pero se despacha a gusto con el ocaso de este conseguidor, por cuyo despacho han desfilado políticos, periodistas y empresarios. 

Según el magistrado en su fallo, “la presunta influencia que pretendía tener, no era tal”, puesto que ambos negocios no se acabaron concretando, según consta en la interlocutoria. “A la vista del desastroso resultado de las gestiones". El magistrado Joaquín Aguirre explica que la Guardia Civil hizo seguimientos a Madí en una decena de visitas a la Generalitat entre octubre de 2019 y octubre de 2020 a las consellerías de Interior, Territorio y Empresa o a la Agencia Catalana del Agua. Algunas de estas reuniones “no constan en el registro de grupos de interés”. El magistrado recuerda que los encuentros con cargos políticos tienen que estar anotados en este registro, “cosa que no solía suceder con Madí”. 

En el caso de las VTC, apunta el magistrado, la nueva licencia para estos vehículos se otorgó a una empresa competidora vinculada a ERC, cuando Madí “ejercía su ámbito de influencia más bien en la esfera del antigua CDC, actualmente JuntsxCat”. Las gestiones del que fue hombre de confianza de Artur Mas, recalca, fueron “tan deficientes” que Rafael García-Tapia, también investigado y consejero delegado de la empresa de VTC Moove, presentó al juzgado un documento por el cual Madí, a través de un representante, le exigía la cantidad de 43.650 euros, que, según parece, se le dejó a deber “ante el fracaso” de sus gestiones. El juez añade que fue “patente” durante la declaración de este directivo que “la relación entre ellos no había acabado tal como esperaba, ni había gustado”.

Las indagaciones también han alcanzado el intento de Madí, entonces presidente de Aigües de Catalunya, filial de Global Omnium, holding que tiene como empresa principal Aigües de València, para controlar Aigües de Barcelona (Agbar). En este sentido, el juez argumenta que los “términos de la declaración” del máximo directivo de Global Omnium, Eugenio Calabuig, “fueron parecidos” a los del consejero delegado de Moove y que, “a través de la consulta de registros públicos”, consta que el ex alto cargo de CDC fue cesado como presidente de Aigües de Catalunya, “de forma que la relación entre ellos acabó de la peor manera”.

Aigües de Catalunya le cierra el grifo a David Madí

El juez relata que, “ante la debilidad constatada de la influencia de Madí”, no hay que tomar declaración “a las personalidades políticas” con que se entrevistó. La resolución concreta: “No quiere decir esto que David Madí no lo intentara, pero sí que no le debían de hacer el menor caso y que tratarían la visita con una deferencia meramente protocolaria”. 

OLGA TOBAU UNA ABOGADA DURA PARA DEFENDERSE DE ACUSACIONES GRAVES EN LOS TRIBUNALES

David Madí y Ada Colau han escogido a la misma letrada para hacer frente a las graves acusaciones en las que la justicia creen que existen indicios de delito que hay que investigar y aclarar. Y todos se preguntan ¿por qué? , ¿qué tienen en común ambos vinculados a dos partidos aparentemente muy diferentes?. El punto que los une ahora es Olga Tubau la abogada que los defiende a ambos por diferentes motivos en los Tribunales.

Si hay una abogada de moda en Barcelona está se llama Olga Tubau . Nació en 1961 en París, ciudad  donde sus padres se conocieron tras emigrar. Allí vivió hasta 1973, cuando la familia volvió a Barcelona. Estudió en el Liceo Francés de la capital catalana, donde conoció a  Berta del Castillo, hija de Luis del Castillo, prestigioso abogado que al conocer a Tubau la convenció para que estudiara leyes. Al principio ella se mostró reticente, pero tras la insistencia del padre de su amiga,  terminó estudiando una carrera para la que se ha revelado estar destinada. Durante el confinamiento, desvela Tubau, se dio cuenta de lo mucho que le gusta su profesión. “Me he reafirmado en que mi profesión, que tantas veces me exaspera, es una profesión extraordinaria”.

Ella es una orgullosa abuela, una mujer coqueta, accesible, educada y amable. En la retina de muchos permanece la imagen de esta letrada llorando tras su informe final en el juicio en el que defendía al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Como mujer, anima a romper el techo de cristal que a las juristas les impide llegar lo más alto de las instancias del Derecho y de la judicatura, aunque admite que “gran parte de los hombres” investigados en un proceso “quieren que les defienda un hombre”

Casada y con tres hijos, a la abogada catalana del momento le gusta nadar en el mar, en aguas abiertas, llueva o nieve, y trata de hacerlo siempre que puede. Se confiesa algo desordenada, y ser una lectora empedernida (tiene varios libros publicados). Dedica horas de su jornada a empaparse de manuales jurídicos. Además, si el tiempo lo permite, cae alguna novela.

Tubau es una de las abogadas más prestigiosas de Catalunya una letrada dura e implacable que ha defendido causas como las del mayor Josep Lluís Trapero, absuelto, y de Josep Maria Mainat ante su mujer, Angela Dobrowolski. La abogada se ha bregado en casos mediáticos y complejos, como la defensa de Segundo Marey, un ciudadano secuestrado y torturado al ser confundido con un miembro de ETA donde logró la condena al exministro José Barrionuevo y al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera.

Sobre la barrera ética de los abogados al ejercer la defensa de sus representados ante la justicia, Tubau lo tiene claro: “Lo ético es defender hasta las últimas consecuencias”.  Y es que esta letrada con escasos 10 años de experiencia ante los tribunales y con 35 años, ejerció entre otras de acusación particular en unos de los juicios más señalados en la historia de España: el de Segundo Marey.  En ese caso ella decidió que no debía explicar nada y que debía “trabajar de puertas adentro en el procedimiento” . “No quería ser la abogada estrella del juicio de Segundo Marey”, asevera.

También se la recuerda por se la letrada en el caso de Ester Quintana, que perdió un ojo a causa de una bala de goma lanzada por los Mossos. Defendió a los dos agentes imputados. Se queja del “juicio paralelo” que, en su opinión, se produjo en la prensa. “Los agentes estaban condenados”, sostiene. Esa trascendencia mediática, insiste, puede provocar “lo que se llama muerte civil antes de la penal” y “desgraciadamente no se puede hacer nada” para atajarlo. Los mossos juzgados fueron absueltos. La Conselleria de Interior indemnizó a la víctima, como recomendó la abogada. “No puede ser que una ciudadana fuera a una manifestación y en vez de ir a su casa acabara en un hospital. Hay que reconocer que se produjo por una actuación policial”, detalla. Recalca que no habían pruebas contra los policías encausados.

Para esta abogada la politización de los procedimientos judiciales o la extrema judicialización  se explica por "la pérdida de calidad de nuestros políticos”. Explica que antes "las contiendas se dirimían en el Congreso o un pleno de ayuntamiento" y ahora se llevan ante la justicia, lo que es “una pérdida de calidad democrática”.

Tobau no cree que exista calidad política en la actualidad y así lo expresó en diciembre de 2021 en un encuentro en El Periódico. Pese a ello, no duda en defender a personas vinculadas a esa política de baja calidad en los juzgados a precio de oro porque ambos protagonistas cuentan con los recursos propios y públicos para abonar sus altas minutas.

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