¿Denunciar el acoso escolar puede acabar con una retirada de custodia a los padres en Catalunya?

Una madre de El Prat de Llobregat denuncia que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA)  "secuestró" a su hijo después de que ella denunciara un caso grave y continuado de "bullying" en la escuela. De ese terrible episodio en la vida de Mónica Quero ya hace tres años, y ahora espera que la justicia europea le dé la razón porque considera que se "han vulnerado derechos humanos". 

La historia de acoso escolar del pequeño, que ahora está a punto de cumplir 12 años, empezó cuando él tenía 3. Su madre lo apuntó al Col·legi La Seda de El Prat de Llobregat, pero los problemas empezaron pronto. "Desde el primer minuto empezaron los golpes, los mordiscos, los arañazos...", explica Quero, que afirma que el colegio alegaba que "el niño era torpe" y por eso tenía las marcas en su cuerpo. "Los golpes fueron in crescendo, con mano rota, golpes en el ojo...", lamenta esta madre. 

El problema persistió durante los siguientes años. Una de las escenas más duras que relata la madre es cuando su hijo, amenazó con suicidarse si tenía que volver al colegio. Mónica intentó hablar con el director para plantearle la situación y él activó el primer protocolo de acoso escolar demasiado tarde, en el periodo vacacional del 2018 en primera instancia, y en 2019 la segunda vez. En los informes médicos consta que él sufría acoso escolar y que somatizaba de forma física el malestar que le producía, con vómitos y otros síntomas.

Quero se comunicaba con la jefa de estudios del colegio, pero en vez de expedientar al niño agresor, lo que hicieron fue invitar a la familia a abandonar el centro educativo, según la versión de esta madre. A todo esto hay que añadirle que su hijo no era el único agredido, ya que Mónica habló con otros padres y hubo más casos de acoso por parte del mismo niño, tal y como se recogen en las pruebas médicas que ella almacena.

Ante la imposibilidad de frenar el acoso hacia su hijo y bajo las presuntas coacciones recibidas, Mónica decidió cambiarlo de escuela con 8 años y llevarlo al Colegio Lestonnac de Barcelona. Sin embargo, explica a CatalunyaPress que el director del colegio y Carmen Alonso, inspectora de Educación del Baix Llobregat, llamaron a la DGAIA para denunciar el caso. 

Éste pasó al Fiscal de Menores, quien le impuso al agresor y al colegio una orden de restricción sobre su hijo Por contra, también explica que la madre del menor agresor interpuso una serie de denuncias falsas contra ella, diciendo que era Mónica quien agredía a su hijo y no el suyo, supuestamente. Entonces, el 3 de febrero del 2020 fue el último día en el que volvió a convivir con el menor. 

"Lo secuestran, hacen una sustracción de menores porque no hay una orden judicial ni una resolución de la Fiscalía", lamenta. 

La DGAIA  también explicó a UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer) que Mónica tenía el síndrome de Munchaussen por poderes, una forma de maltrato infantil en el que el cuidador del infante se inventa o provoca una enfermedad o lesión de éste. 

En estos momentos, el menor se encuentra en un centro y su madre solo puede verlo mediante visitas espaciadas. En palabras de Mónica: "Mi hijo está deprimido, amenaza con suicidarse si no vuelve a casa, siempre repite 'quiero volver a casa, nosotros no hemos hecho nada, me están maltratando'. Es lo único que él quiere, volver a casa".

Esta madre afirma haber "recibido amenazas y coacciones de los trabajadores sociales de la propia DGAIA. Han mentido en todo lo que han podido: han dicho que yo he estado ingresada en un hospital, cuando he pedido los certificados de dichos hospitales y me han dicho que mi nombre no consta en ningún sitio", recrimina Quero. Además, denuncia que desde que puso en conocimiento de la Fiscalía las supuestas amenazas recibidas, la DGAIA le ha restringido el contacto con su hijo como represalia.

En estos momentos, el caso está en el Parlamento Europeo, por supuestamente haber "vulnerado derechos fundamentales". En caso de que la sentencia fuera favorable, su hijo volvería de forma automática con ella. 

Denuncian ante el Parlamento Europeo el «genocidio viviente» que representan en España los procesos de tutela de menores, divorcio y violencia de género

CRISTINA Y SU VICTORIA "TEMPORAL"

El caso de Mónica no es singular. Otro de los tantos precedentes que existen es el de Cristina, una madre a quien la DGAIA también retiró la custodia de su hijo después de que ella denunciara los malos tratos que sufría en la escuela por parte de sus compañeros. No obstante, ha podido retrasar la entrega de su hijo después de que un juez ofreciera la cautelar hasta que se tome una decisión final. 

Todo empezó en el año 2019, cuando su hijo cursaba 3º de primaria en una escuela de Esplugues de Llobregat. Tal llegó a ser el malestar que "se quiso suicidar al tirarse por el segundo piso del colegio". Cristina acudió a los servicios sociales para pedir ayuda, pero derivaron su caso a Protección del Menor, basándose en que veían "riesgo" en su familia. Desde ese momento, empezaron a estudiar su caso. 

Su madre lo cambió de centro al año siguiente, donde notó una mejora. "Empezó a ser sociable de nuevo con los grupos, mejoraron las notas y los profesores estaban contentos con él", explica. No obstante, tuvo que volver a cambiarse para empezar el instituto, donde volvieron los fantasmas del pasado. 

El primer curso lo pasó a duras penas, pero en el segundo año todo empeoró. "Como madre tengo que ir, no puedo quedarme quieta sabiendo que le están haciendo todas estas cosas a mi hijo. Fui a hablar con las tutoras, pero no me dejaban hablar con el director", lamenta. 

Ya en el segundo trimestre, cuando la situación empezaba a mejorar, la DGAIA le comentó a la madre que le iban a retirar al niño por "riesgo de familia", es decir, que el niño no estaba bien en el ámbito intrafamiliar, aunque Cristina también cree que influyó el hecho de que amenazó con "ir a Inspección de Educación". 

El 7 de marzo de 2023 fue cuando le comunicaron la retirada del niño. "Yo no puedo entregar a mi hijo sin razones, primero que me prueben que tiene peligro en su casa. Yo solamente estoy defendiendo a mi hijo de lo que le está pasando en el Instituto", replica Cristina. No obstante, esta retirada no se ha producido gracias a la medida cautelar que han obtenido del juez al presentar un recurso.

UNA PRÁCTICA "DEMASIADO COMÚN"

La presidenta de la asociación No Al Acoso Escolar (NACE), Carmen Cabestany, afirma que "es moneda corriente", por que se da a entender que las escuelas utilizan la "carta DGAIA" cada vez que algún caso de acoso escolar se les va de las manos. "Si es una madre guerrera y potente, se asustan", explica Cabestany, debido a que algunos centros escolares "tienen miedo de perder el prestigio si se hace público que tienen casos de acoso escolar". 

Uno de los dilemas que plantea Cabestany es el que sienten los padres al tener que elegir entre un posible intento de suicidio de su hijo o una probable retirada de custodia. Es decir, la institución alerta de que si hay un absentismo continuado puede acabar desembocando en "una retirada del menor". Sin embargo, la víctima amenaza con hacerse daño a sí mismo con el fin de no ir al sitio en el que se siente acosado. Si no acuden al centro escolar, cabe el riesgo entonces de que se indique un absentismo del niño o niña. Estar escolarizado es un deber que, en este caso, choca con otro deber que tendría que ser superior, el de "preservar la vida del hijo". "Se obvia el derecho mayor de un niño, el derecho a la vida, y se hace pasar por delante el derecho a la escolarización", lamenta Cabestany. 

"En el acoso escolar colisionan dos deberes: el que tienen los padres de escolarizar a sus hijos y el deber supremo de preservar su vida, que es el máximo derecho de un menor".

Además, cuando la DGAIA tiene la tutela de los niños, decide sobre todos los ámbitos de su vida, mientras que la familia pasa a tener un poder de decisión nulo. "Por lo que nosotros vamos viendo, hay muchos casos en los que se las ningunea", lamenta Carmen, que también añade que es extremadamente complicado recuperar la tutela de los niños. "Nosotros tenemos convenio con Aprodeme, que llevan años trabajando en este tema y conocen estos casos, y nos dicen que es muy difícil recuperarlos una vez se los han llevado. Esto es inmoral e inhumano, y podría ser incluso ilegal si se demuestra, como suponemos por todos los casos que hemos visto, que hay mala fe y prevaricación", explica. 

Una de las preguntas que se hace Carmen es si hay intereses ocultos y cómo se gestiona el dinero que supone la retirada de un menor a su familia y el ingreso en un centro de menores. "Los fondos de los centros de menores los da la Unión Europea. Por lo que sabemos, por cada niño retirado, entran 4.000 euros al mes en ese centro, sea público o de gestión privada", comenta. Y añade "la transparencia es imprescindible en este tema. Queremos conocer todas las cifras: cuántos niños tutelados hay, cuántos centros en toda España y qué titularidad tienen, con qué base legal y garantías para las familias se llevan a cabo la retiradas, por qué no es preceptiva la intervención de un juez, qué tipo de trato y cuidado reciben los menores en esos centros, criterios claros para la devolución a las familias...".

CatalunyaPress se ha puesto en contacto con la DGAIA y han calificado de falso que el organismo reciba fondos europeos por niño a cargo, y han querido reiterar que "cuando la DGAIA asume la tutela de un menor es porque se han detectado situaciones de riesgo por el niño, y en ningún caso el acoso escolar es un motivo de retirada de un niño. Tampoco lo son las ausencias o el abandono escolar, que si bien pueden dar lugar a sanciones económicas, no son motivo de retirada".