¿Qué ciudades prohíben la prostitución en España?

La prostitución es un tema polémico y complejo que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. En España, esta práctica ha sido objeto de debate y controversia durante mucho tiempo. Los expertos apuntan a que la cifra de personas que ejercen la prostitución en nuestro país ronda los 45.000 - 150.000. 

La ONU señala que el 39% de los hombres adultos en España admiten haber pagado por sexo, lo que convierte nuestro país en uno de los más consumidores en Europa. La falta de una ley estatal que regule la prostitución ha generado una disparidad significativa, reflejada en las diversas ordenanzas municipales implementadas por los ayuntamientos locales.

Por ejemplo, en los últimos tiempos, el ayuntamiento de León se ha sumado a la implantación de las ordenanzas que prohiban el consumo de la prostituciónu otras formas de explotación sexual. La ordenanza entró en vigor el pasado miércoles 2 de agosto, y las multas podrán ascender a 3.000 euros. 

Esta falta de legislación estatal ha generado divisiones en la opinión de los expertos; mientras algunos defienden la postura abolicionista, otros consideran que sería más lógico regularla desde un enfoque laboral.

DATOS PREOCUPANTES

Según los datos de Médicos del Mundo, en 2022 se brindó atención a un total de 9.469 personas en situación de prostitución en España. Entre ellas, se identificaron 138 casos de presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual, aunque los expertos afirman que la cifra real es probablemente mucho mayor.

El Código Penal español no establece explícitamente si la prostitución es una actividad económica legítimamente legal o ilegal. Sin embargo, prohíbe algunas prácticas relacionadas con ella, como el proxenetismo, la trata de seres humanos y la contratación de servicios sexuales de personas menores de edad.

Debido a la falta de una normativa estatal específica, los municipios tienen la facultad de aplicar sus propias sanciones con respecto a la prostitución. Como resultado, las sanciones pueden variar en diferentes zonas del país. 

Las ciudades españolas que sancionan la prostitución son las siguientes: 

• Albacete: desde el año 2015, se ha implementado una ordenanza municipal para combatir la prostitución callejera, estableciendo sanciones que oscilan entre 121 y 3.000 euros. La multa máxima se aplica cuando estas prácticas se llevan a cabo a menos de 500 metros de zonas residenciales, centros educativos o sanitarios. No obstante, en 2022 se modificó la normativa para adoptar una postura abolicionista similar a la de los países nórdicos. De esta forma, se castiga tanto a las personas que ejercen la prostitución como a los que consuman o negocie en nombre de terceras personas.

• Comunidad Valenciana: se estima que hay entre 10.000 y 13.000 mujeres dedicadas a la prostitución. Además, han identificado 164 establecimientos que ofrecen estos servicios sexuales y más de 52.000 anuncios en internet que promueven estas prácticas. Es por ello que la Generalitat presentó el año pasado un modelo de ordenanza abolicionista, mediante el cual se podía sancionar con hasta 3.000 euros a los clientes y proxenetas. Hasta el momento, solo los ayuntamientos de Albal y Quart de Poblet han aprobado estas medidas y las han incorporado a su ordenanza municipal. 

El Ayuntamiento de Alicante aprobó en su momento una normativa que perseguía a las ofertantes de servicios sexuales, imponiendo multas de hasta 750 euros. Sin embargo, en 2023, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló esta ordenanza al no contar con un informe de impacto de género obligatorio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia también ha incluido sanciones en su ordenanza municipal de hasta 2.000 euros para los clientes que acuden a los servicios sexuales y no excluye a los intermediarios y/o proxenetas que explotan a las mujeres que ejercen la prostitución.

• Barcelona: ya empezó a sancionar tanto a las prostitutas como a los clientes en 2005, convirtiéndose así en pionero del Estado. Siete años después se amplió la norma para abarcar actividades que involucran "ofrecer o aceptar, prestar servicios sexuales remunerados en el espacio público". Estas medidas contemplan multas de hasta 750 euros, mientras que para los clientes, la cifra puede ascender hasta 3.000 euros.

• Bilbao: se persigue tanto a las mujeres como a los clientes gracias a la legislación aprobada en 2010. Además, la normativa también impone regulaciones específicas a los establecimientos dedicados a la prostitución. En consecuencia, la sanción por llevar a cabo estas prácticas en espacios públicos varía según su cercanía a colegios o zonas residenciales, pero en el peor de los casos, las multas pueden llegar a los 3.000 euros.

• Andalucía: presenta diferentes enfoques en sus municipios en lo que respecta a la regulación de la prostitución. En el caso de Sevilla, la prostitución se considera "una de las manifestaciones más extremas de violencia de género", por lo que se sanciona únicamente a los clientes con multas de hasta 3.000 euros.

Por otro lado, los municipios de Málaga y Granada adoptan un enfoque más amplio y también persiguen a las prostitutas. En Granada, la normativa contempla sanciones de hasta 3.000 euros si se practica cerca de lugares con menores de edad. En Málaga, las multas llegan a los 1.500 euros si se está cerca de los colegios o zonas residenciales.