El Tribunal Supremo refuerza la protección de datos en inspecciones fiscales

El Tribunal Supremo de España ha emitido una sentencia que refuerza la protección de la privacidad y los datos personales en el marco de inspecciones fiscales realizadas por el Ministerio de Hacienda. Según el fallo reciente, el acceso a la documentación en dispositivos electrónicos requerirá una autorización judicial en la mayoría de los casos, estableciendo un precedente crucial en el ámbito tributario.

La sentencia se basa en un caso en el que un contribuyente fue sometido a una inspección fiscal y se copió el contenido de su ordenador portátil sin su consentimiento previo y sin la debida autorización judicial para acceder y copiar datos relacionados con cuestiones tributarias. El Tribunal Supremo ha determinado que esta acción violó los derechos a la intimidad personal y familiar, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos personales.

El fallo revoca una decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que había respaldado la autorización para el acceso al ordenador. Ambos tribunales habían sostenido que el régimen de autorización para el acceso a domicilios era equivalente al acceso y tratamiento de información en dispositivos electrónicos, como ordenadores y teléfonos móviles.

UN REVÉS AL ACCESO NO AUTORIZADO 
 

El Tribunal Supremo ha dejado claro que las reglas de autorización judicial de acceso a domicilios son inadecuadas para autorizar el copiado, precinto, captación, posesión o uso de datos en ordenadores fuera del domicilio del sujeto de la inspección. Esto puede afectar a otros derechos fundamentales distintos y la autorización debe cumplir con los principios de necesidad, adecuación y proporcionalidad establecidos en la Constitución.

La sentencia también destaca la necesidad de que el juez realice una evaluación equitativa antes de otorgar la autorización y no confiar únicamente en la solicitud de la Administración. El respeto de los derechos fundamentales tiene prioridad sobre las potestades administrativas, especialmente en ausencia de una regulación legal detallada.

Este caso surgió a raíz de una inspección fiscal iniciada en 2018, en la que se solicitó copiar información de un portátil utilizado frecuentemente por el contribuyente. Dado que no se obtuvo permiso, los inspectores tomaron una copia de la información y la precintaron. La autorización judicial para el análisis documental llegó varios meses después, pero el Tribunal Supremo ha revocado esta autorización.

SENTENCIA CLAVE

Esta sentencia marca un hito importante en la protección de la privacidad y los datos en el contexto de las inspecciones fiscales en España, al establecer requisitos más rigurosos para el acceso a dispositivos electrónicos.