¿Habrá una nueva ola de desahucios en 2024?

Las medidas gubernamentales destinadas a abordar la emergencia habitacional y la pobreza energética en España, como la Ley 24/2015 y la moratoria estatal de desahucios, han sido objeto de un estudio detallado para evaluar su efectividad.

Datos hasta ahora inéditos arrojan luz sobre el impacto de estas políticas en la sociedad. Sin embargo, la advertencia que planea sobre el horizonte es la posible expiración de la moratoria de desahucios el 31 de diciembre, lo que podría desencadenar una nueva ola de desahucios y cortes de suministros que afectarían a las familias más vulnerables en 2024.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS ACTUALES

Según un informe presentado por diversas entidades sociales refleja el impacto, se estima que las leyes y medidas impulsadas por movimientos sociales han logrado evitar, como mínimo, 1.000 desahucios y 200.000 cortes de suministros en Catalunya desde el año 2015. Es interesante destacar que el perfil predominante de las personas en riesgo de exclusión residencial y pobreza energética es consistentemente el mismo: mujeres con menores a su cargo.

Este revelador informe, denominado "Estado de la Exclusión Residencial: Impactos de la Ley 24/2015 y Otras Medidas de Respuesta," se basa en datos recopilados de la Administración Pública y en 650 encuestas realizadas a personas afectadas por la emergencia habitacional y la pobreza energética. 

En el informe, además, se analiza en detalle la Ley 24/2015, el informe, el cual ofrece un exhaustivo vistazo a los cambios legislativos y políticas a nivel local, autonómico y estatal, incluyendo las moratorias, que se han implementado hasta el 2022 y su impacto en las personas en riesgo de exclusión residencial.

A pesar de las dificultades inherentes a la medición del impacto real de estas medidas, el testimonio de las personas afectadas y los logros de las organizaciones indican que las políticas están teniendo un efecto positivo y necesario en la sociedad.

MUJERES Y NIÑOS EN RIESGO

El informe también arroja luz sobre la preocupante disparidad de género entre las personas afectadas, con un 69% de mujeres y un 30% de hombres. En cuanto a la composición de los hogares afectados, el 32% corresponden a parejas con hijos y el 26% son familias monomarentales, encabezadas en su mayoría por mujeres con hijos a su cargo. El informe también subraya la importancia del trabajo precario en este contexto, ya que el 30% de las encuestadas afirmó tener un contrato de trabajo, lo que resalta la existencia del fenómeno del empleo inestable.

En lo que respecta a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial, y su impacto en la salud mental, el informe revela que aproximadamente el 15% de los niños y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven en hogares que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada durante los meses de invierno. Además, un 13,4% experimenta retrasos en el pago de facturas. Esta situación de familias que tienen dificultades para pagar los servicios básicos afecta especialmente a los niños, ya que el 60,5% de estas familias tienen hijos a su cargo.

SALUD MENTAL EN CRISIS

En lo que concierne al impacto en la salud mental, el informe señala que el 75% de las personas afectadas presentan malestar psicológico, y la mitad de ellas sufren de depresión. Estas cifras son considerablemente más altas que las de la población general, lo que subraya la urgencia de abordar la crisis habitacional y la pobreza energética desde una perspectiva de salud pública.

El informe concluye con un conjunto de recomendaciones, instando a la prórroga y consolidación de las moratorias de desahucios y cortes de suministros, así como a la aprobación de nuevas leyes y servicios que amplíen el derecho a una vivienda digna. Además, se exige la implementación de mecanismos de control y sanciones contra aquellos que no cumplan con estas medidas. La lucha contra la emergencia habitacional y la pobreza energética sigue siendo un desafío fundamental en la sociedad.