El Supremo cree que las "comisiones lawfare" supondrían una "intromisión del Parlamento en el Poder Judicial"

En el acuerdo presentado el pasado jueves entre Junts y el PSOE se acordaba que las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirían en la próxima legislatura se tendrían en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que pudieran darse respecto a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Se referían en esencia a la llamada operación Catalunya y al Catalangate, de espionaje con Pegasus a líderes independentistas.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado por unanimidad un comunicado en el que considera "incompatible" la independencia judicial con la fiscalización de los jueces por otros poderes del Estado pocos días después del acuerdo político entre PSOE y Junts en el que mencionaban comisiones parlamentarias de investigación por los casos que pudiera haber habido de lawfare o judicialización de la justicia.

El Alto Tribunal recuerda que "el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes" y afirma que "el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley". En el tercer punto del acuerdo, el Supremo enfatiza "la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones" y "ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado".

En su opinión, de activarse las comisiones sobre el lawfare, "supondría una intromisión del Parlamento en el Poder Judicial, una crítica posterior de lo que un juez haya hecho conforme a la legalidad vigente.