Funcionarios de Hacienda protestan por las consecuencias del preacuerdo ERC - PSC

El preacuerdo entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat ha centrado la atención en los 4.000 funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) que trabajan en Catalunya. La posible transferencia de estos empleados a la Agencia Tributaria catalana ha generado preocupación entre los funcionarios, quienes se oponen a formar parte de esta entidad, según informa este miércoles 31 de julio Vozpópuli.

"Con el objetivo de implementar este nuevo modelo, es imprescindible que el desarrollo de la hacienda catalana sea una prioridad para el próximo Gobierno de la Generalitat, para que esta administración alcance plena autonomía en la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos que se generen en Catalunya", señala el acuerdo.

La intención es que la Agencia Tributaria catalana asuma gradualmente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Catalunya. Esto significa que gestionaría el 100% del IRPF, así como el IVA y el Impuesto de Sociedades que pagan los catalanes. Para ello, "se requerirá el traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos".

En total, la Agencia Tributaria Estatal cuenta con aproximadamente 4.000 trabajadores en Catalunya, de los cuales 300 son inspectores del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Estos inspectores han denunciado la "inconstitucionalidad" del preacuerdo y se declaran en rebeldía, afirmando que "nunca formaremos parte" de la Agencia Tributaria catalana.

Desde el sindicato CSIF admiten una "creciente preocupación" entre los trabajadores de la Administración General del Estado que podrían pasar a depender de la Generalitat. "La seguridad jurídica es fundamental, y la trayectoria profesional del trabajador no debe verse afectada: antigüedad, salario, derechos adquiridos...", señalan. El sindicato estima que alrededor de 1.100 funcionarios se verían afectados.

Sea como sea, los trabajadores piden que su traspaso a esta nueva agencia de la Generalitat sea voluntario: "Debemos poder elegir", reclaman los miembros de la plantilla. "Si un trabajador no quiere perder la relación con la Administración General del Estado, habrá que sentarnos a negociar alternativas", apuntan fuentes sindicales. Recuerdan, además, el precedente reciente de Rodalies, donde sí ha supuesto un retroceso en determinados derechos adquiridos por los trabajadores.