La batalla entre los Entrecanales y la Generalitat llega al Tribunal Supremo

La batalla legal en torno a la mayor privatización y posiblemente expropiación en la historia de Catalunya está llegando a su fase final. 

Tras una década de recursos y más de 5 años desde que la Generalitat cancelara definitivamente la concesión del servicio de agua potable al consorcio liderado por Acciona, ATLL (Aigües Ter Llobregat) Concesionaria, la cuestión de las indemnizaciones se encuentra ahora bajo la supervisión del Tribunal Supremo, según informa en exclusiva Vozpópuli.

El Alto Tribunal ha aceptado a trámite los recursos de casación presentados tanto por la parte privada, representada por la familia Entrecanales, como por el propio Govern. Según fuentes consultadas, la resolución definitiva podría estar lista en aproximadamente dos años.

Este año, la Generalitat ha tenido que provisionar 365,6 millones de euros tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el mismo proceso. Este tribunal dictaminó que la Administración pública debía indemnizar con dicha cantidad a ATLL por el canon y las inversiones realizadas durante la concesión, que posteriormente fue anulada. Este servicio de abastecimiento de agua potable para 4,5 millones de catalanes, que debía durar hasta 2062, fue adjudicado en 2012 por el Govern de Artur Mas.

Tras una primera impugnación por parte de la semipública Aigües de Barcelona debido a inconsistencias en el proceso de adjudicación, el Ejecutivo autonómico, ya presidido por Quim Torra, terminó rompiendo el vínculo con el consorcio de Acciona, evitando una nueva licitación y optando por que el servicio volviera a ser de gestión pública en 2019. El Tribunal Supremo sentenció que el contrato de adjudicación a Acciona era nulo, pero por razones exclusivamente atribuibles a la propia Administración.

La estrategia de Torra, que se oponía a indemnizar a Acciona, continuó bajo la presidencia de Pere Aragonès, representante de Esquerra Republicana, ahora presidente en funciones, a la espera de un pacto de investidura con el socialista Salvador Illa.

Acciona, pues, espera una indemnización que incluya "daños y perjuicios" por unos 759 millones al margen de los 305 millones más intereses derivados de una cláusula del contrato original. 

Por eso, según sus cálculos, debería ascender a unos 1.064 millones de euros más intereses de demora.