Quieren incluir la especialidad de violencia contra la infancia en la carrera judicial

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley orgánica que aborda medidas para mejorar la eficiencia del servicio público de Justicia y las acciones colectivas en defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios. Estas enmiendas buscan introducir la especialización de los juzgados y jueces en casos de violencia contra la infancia.

Según una de las enmiendas, el PSOE propone que, en un plazo de 4 meses desde la entrada en vigor de la ley, y de manera periódica posteriormente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) organice un "curso de Formación Especializada en familia, infancia y capacidad, y en violencia contra la infancia y adolescencia".

Además, la enmienda establece que el CGPJ "promoverá y facilitará la formación continuada de magistrados suplentes y jueces sustitutos". Asimismo, señala que el Gobierno convocará Cursos de Formación Especializada para los miembros del Ministerio Fiscal.

Finalmente, se sugiere que tanto el Ejecutivo como las comunidades autónomas con competencias en los Equipos Técnicos Judiciales organicen cursos de formación para sus integrantes.

De esta forma, el PSOE quiere dar cumplimiento a la Ley orgánica de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI) que obligaba a remitir un proyecto de modificación de la Ley del Poder Judicial para establecer la especialización tanto de los órganos judiciales como de sus titulares, para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad. 

En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado otra enmienda por la que plantea, a través de la reforma de la Ley del Poder Judicial, la creación, en el Tribunal de Instancia de una Sección de Familia, Infancia y Capacidad, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial, cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo. 

Además, sugiere que el Gobierno pueda establecer por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, en su caso, con informe favorable de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, Secciones de Familia, Infancia y Capacidad que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.