La investigación de las residencias del Madrid de Díaz Ayuso vuelve a la justicia

Los hospitales de la Comunidad de Madrid comenzaron a rechazar pacientes 11 días antes de la firma del primero de los llamados “protocolos de la vergüenza”, órdenes que impidieron a las residencias de mayores derivar a personas contagiadas de coronavirus. Estas decisiones han dejado a muchas familias buscando justicia o, al menos, una explicación más allá de las dadas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que contradicen lo señalado por expertos y organizaciones.

Un detallado informe académico dirigido por el profesor canadiense François Béland revela, con datos de la primera ola de la pandemia, que el 7 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid tomó en secreto una decisión que resultó trágica para miles de personas mayores y sus familias. El primer protocolo que rechazaba la hospitalización fue enviado a los geriatras el 18 de marzo.

Los procedimientos judiciales relacionados siguen abiertos. Este hecho ha intensificado el descontento de los afectados y aumentado la presión sobre Ayuso y otros responsables de tomar una decisión que provocó un enorme malestar social y varias dimisiones en el Gobierno regional. Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (PLADIGMARE), es una de las voces más activas en la lucha por esclarecer lo ocurrido.

Cuando el periódico ElPlural.com le preguntó por el análisis mencionado, Vázquez no dudó en calificarlo de "indignante". Según él, el documento “confirma que ya existían criterios establecidos que claramente discriminaban a las personas mayores por serlo y por vivir en residencias”.

Es difícil precisar cómo avanzan las causas judiciales en los juzgados, ya que no existen estadísticas oficiales. Las últimas cifras a nivel nacional fueron proporcionadas por la Fiscalía General del Estado el año pasado y se referían a septiembre de 2022, momento en el que había 106 procedimientos judiciales activos.

En la actualidad, en Madrid y Catalunya —las dos comunidades con más fallecimientos—, a finales de marzo, había 72 procedimientos penales en curso en la primera y al menos cuatro en la segunda. No es posible determinar cuántas demandas civiles se han presentado.

En todo caso, Vázquez subraya que las víctimas de los llamados “protocolos de la vergüenza” estarán muy atentas a los desarrollos de la nueva legislatura en la Asamblea: “Vamos a seguir hasta esclarecer todo lo que sea necesario. Seguiremos reclamando la verdad y la justicia”.

El presidente de la plataforma critica la doble moral de la presidenta de la Comunidad de Madrid al usar el concepto de "vida" para atacar algunas medidas sociales impulsadas por la izquierda, como el aborto o la eutanasia. “El derecho a la vida de la presidenta es selectivo; parece que para las personas mayores, al menos las que viven en residencias, no existe”.