La pareja de Ayuso, a la carga: demanda a miembros del PSOE y Más Madrid por difamación

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido tomar medidas legales tras varios meses de ataques por parte de socialistas y miembros de Más Madrid. González Amador ha presentado una demanda contra el PSOE y Más Madrid, específicamente dirigida contra la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, acusándolas de difamación.

En la demanda también se incluye a otros políticos, como el diputado socialista José Zaragoza y el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. González Amador acusa a estos líderes políticos de intromisiones ilegítimas en su derecho al honor y de realizar declaraciones falsas que, según él, constituyen calumnias.

Diligencias rechazadas

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid ha desestimado la solicitud del PSOE y Más Madrid de ampliar la investigación contra Alberto González Amador. Las acusaciones populares en el caso habían solicitado al juzgado la ampliación de la causa ante la supuesta comisión de cuatro delitos adicionales.

Sin embargo, la magistrada Inmaculada Iglesias ha rechazado estas diligencias, considerando que muchas podrían ser "innecesarias", ya que los hechos en cuestión podrían ser aclarados por los investigados en su declaración. Además, la jueza indica que no hay indicios de delitos adicionales a los ya investigados, específicamente fraude fiscal y falsedad documental, por lo que dichas diligencias serían consideradas "prospectivas".

El PSOE señalaba la conexión de los investigados, en particular de González Amador, con directivos del grupo hospitalario Quirón Prevención y otras empresas, como fundamento para solicitar la realización de nuevas diligencias de investigación. En el dosier presentado ante el juzgado, el PSOE acusaba al empresario madrileño de utilizar la empresa Maxwell Cremona, ya investigada en el proceso, y a Masterman & Whitaker como sociedades pantalla para "deducir gastos de forma indebida, incluso personales".

Sin embargo, la jueza encargada de la investigación subraya la falta de indicios que apunten a la comisión de delitos dentro de una organización o grupo criminal, por lo que descarta la existencia de delitos agravados contra la Hacienda Pública. La magistrada respalda su decisión en lo ya argumentado por el Abogado del Estado, indicando que no hay evidencia de un acuerdo previo para constituir una organización criminal, ya que no se ha demostrado una relación entre algunos de los investigados.