Un sindicato de policías y guardias civiles lleva la equiparación salarial a la justicia europea

Los policías y guardias civiles continúan luchando por una equiparación salarial y de condiciones laborales real con los Mossos d'Esquadra y las policías locales. Esta semana, una asociación civil formada por más de 11.000 agentes anunció su intención de interponer una demanda contra el Ministerio del Interior para alcanzar la igualdad en términos de salario y jubilación con la policía autonómica.

Hasta el momento, han recaudado 84.000 euros en donaciones, algunas de ellas provenientes de sindicatos tradicionales, según José Ariza, vicepresidente de Movimiento Reacciona. Los agentes han encargado la elaboración del texto jurídico al bufete del abogado Miguel Durán, quien indicó que el objetivo es llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "No esperamos que el Ministerio nos preste mucha atención", comentó.

En 2018, los sindicatos obtuvieron un acuerdo con el Ministerio del Interior por 800 millones de euros para incrementar los salarios. Sin embargo, desde la asociación argumentan que siguen existiendo importantes diferencias económicas con sus homólogos catalanes. "Un policía de base cobra casi 700 euros menos que un Mosso d'Esquadra, lo que supone unos 6.000 euros menos al año". Además, ni los policías ni los guardias civiles son considerados profesionales de riesgo, lo cual les permitiría, entre otras cosas, jubilarse a los 60 años.

"Estamos cansados", afirmó Eliud Vega, presidente de la asociación, refiriéndose a "una discriminación de 34 años", y advirtió que llegarán "hasta el final, hasta Europa". El grupo nacional de WhatsApp, compuesto por 11.000 miembros, es quien decide cada paso, como la manifestación del 6 de diciembre del año pasado en Barcelona.

"No nos conformaremos sin una equiparación real", señaló Ariza, aclarando que no tienen intención de convertirse en un sindicato policial o en una asociación de la Guardia Civil, como hizo Jusapol. La estrategia es primero agotar la vía administrativa y luego acudir a la judicial, alegando la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad. Javier Borrego, abogado del despacho y exmagistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dirigirá la acción judicial.

Este será el segundo frente judicial que enfrenta el Ministerio del Interior en relación con la equiparación de policías y guardias. En junio del año pasado, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional estimó un recurso presentado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), obligando al Ministerio a "iniciar una renegociación para cumplir con las cláusulas tercera y octava" del acuerdo de 2018.

La primera cláusula establecía el compromiso de destinar cien millones de euros en tres años "para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva al servicio activo". También consideraba que no se había cumplido la cláusula octava, referente a "medidas legislativas para evitar disfunciones salariales entre las policías que realizan las mismas funciones" en el futuro.