García Castellón demanda a Ione Belarra por llamarle corrupto y prevaricador

El exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha interpuesto una demanda en el Tribunal Supremo contra la diputada de Podemos y exministra, Ione Belarra, por llamarle "corrupto" y acusarle de prevaricar cuando se dio a conocer que se jubilaba. 

García Castellón pide que Belarra sea condenada a indemnizarle con 120.000 euros al considerar vulnerado "flagrantemente" su derecho al honor por una publicación "claramente dirigida a menoscabar su honor de forma vejatoria", "atentando gravemente contra su persona y contra su carrera profesional que, como es bien sabido, ha sido en todo momento intachable". 

"Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza", escribió la diputada en la red social X el pasado 2 de septiembre.

En su demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press y presentada en el Supremo por la condición de aforada de Belarra, el que fue hasta hace semanas juez de instrucción en la Audiencia Nacional califica de "difamación" esas palabras en su contra. 

A su juicio, "exceden el umbral de protección de la libertad de expresión, pues no se limitan a una crítica legítima, sino que constituyen un ataque directo y personal a la integridad y reputación" de él, "con expresiones que carecen de una relación razonable con la crítica legítima y que son desproporcionadas e innecesarias para transmitir cualquier finalidad informativa". 

"No cabe duda de que las expresiones empleadas por Belarra carecen de interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas", insiste, para añadir que la protección del derecho al honor debe prevalecer en este caso sobre la libertad de expresión, ya que "la Constitución no reconoce un supuesto 'derecho al insulto', lo que claramente queda fuera del ámbito de protección constitucional".