La Ley de Amnistía ha provocado 54 recusaciones de magistrados del Tribunal Constitucional

Mientras los magistrados Laura Díez -antiguo cargo de Moncloa- y Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, acumulan 9 recusaciones cada uno. La abstención de Campo ya ha quedado aprobada en el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Tribunal Supremo. Y es que la decisión sobre si uno de los magistrados puede o no intervenir en el asunto no se adopta de forma genérica. 

El calendario para deliberar sobre las recusaciones implica que en el Pleno de la próxima semana se vea la del presidente y en las semanas jurisdiccionales posteriores primero la de la magistrada Díez y luego la de Macías. Los conservadores ven en este sistema una estrategia que les deja en desventaja y prevén reclamar que todas las recusaciones se estudien de forma simultánea.

LAS CONSECUENCIAS DE LAS RECUSACIONES DE MAGISTRADOS

Cada recusación presentada paraliza el procedimiento correspondiente, lo que significa que su tramitación procesal en esta primera fase vaya más lenta hasta que sean resueltos todos los incidentes de recusación presentados.

Así el equilibrio entre los sectores progresista y conservador se han convertido en la primera batalla levantada por el estudio de la constitucionalidad de la ley de Amnístia. Los números dan en este momento 6 votos al sector más cercano al Gobierno y 5  al conservador. 

 HAY UNA ACUMULACIÓN PARA RESOLVER 20 RECURSOS Y CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Además al cierre del plazo para recurrir, hace unas semanas, el Constitucional acumulaba 20 recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. A estas se tendrán que sumar los futuros recursos de amparo que presenten aquellos beneficiarios potenciales que no han visto cumplidas sus expectativas, como Carles Puigdemont.

En este contexto prebélico, se acaba de incorporar al Pleno que se celebrará la próxima semana el incidente de recusación contra Pumpido que presentaron más de 50 diputados y senadores del Grupo Parlamentario del PP en su recurso de inconstitucionalidad contra la norma. Para resolverlo, a un lado cuatro magistrados conservadores y al otro cuatro progresistas. Lo preside la vicepresidenta Inmaculada Montalbán que, si se sigue este orden, tendría la capacidad de desempatar con un voto de calidad.

En el caso probable de que se rechace con la mayoría señalada, los progresistas sumarían a Pumpido en el análisis de las recusaciones siguientes, las de Díez y Macías. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía General han reclamado ya que este último se aparte y evidenciado así la relevancia que dan a que el magistrado, antiguo vocal del CGPJ; quede fuera de la deliberación.