El juicio a Alvise por una PCR falsa de Illa vuelve a un juzgado de Barcelona

El Tribunal Supremo (TS) ha devuelto al Juzgado de Instrucción Número 33 de Barcelona el caso contra Alvise Pérez, acusado de difundir una prueba PCR falsa del actual president de la Generalitat, Salvador Illa. 

El Alto Tribunal ha señalado que el juzgado debe remitirle una exposición razonada que justifique la imputación contra Pérez, ya que él es ahora miembro del Parlamento Europeo y, por tanto, aforado. Al mismo tiempo, el TS advierte que el plazo de instrucción del caso está próximo a expirar, ya que las actuaciones se extendieron hasta el 17 de noviembre de 2024, de acuerdo con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El proceso comenzó en 2021 tras una querella de la Fiscalía, pero fue transferido al Supremo el 23 de septiembre de 2024, una vez que Pérez asumió su cargo en la Eurocámara. Sin embargo, el TS ha devuelto el expediente, pidiendo que se justifique claramente si la imputación es lo suficientemente relevante para ser investigada por el tribunal.

Este no es el único caso que involucra a Alvise Pérez en el Supremo. De hecho, el pasado 1 de octubre de 2024, el tribunal también recibió una querella de Vox contra Pérez, quien insinuó que Santiago Abascal, su líder, podría haber recibido dinero de la empresa de criptomonedas de Álvaro Romillo.

Además, la Fiscalía está estudiando una denuncia presentada por este empresario del mundo cripto contra Alvise por una presunta estafa de 100.000 euros. Aunque inicialmente la Fiscalía General del Estado derivó la denuncia al Supremo, ahora está reconsiderando el curso de acción, ya que el asunto está siendo investigado judicialmente.

Paralelamente, la Audiencia Nacional está investigando a Romillo por un presunto fraude de más de 300 millones de euros relacionado con la plataforma de inversiones Madeira Invest Club. Por otro lado, la Audiencia de Sevilla también investiga a Alvise por la publicación en su canal de Telegram de una fotografía de la hija del presidente Pedro Sánchez, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos o violación de la intimidad.