El sistema judicial en Catalunya está al borde del colapso, afectando gravemente a los ciudadanos que dependen de su eficiencia. Entre los casos más extremos se encuentran aquellos donde los demandantes han fallecido antes de que sus recursos sean atendidos o obras importantes, como la controvertida "superilla" del Eixample, que son finalizadas antes de que los magistrados puedan resolver los litigios presentados en su contra. Estos ejemplos ilustran la creciente inoperancia de un sistema judicial que lleva años superando su capacidad.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) advierte que los juzgados catalanes están completamente saturados, con juicios programados hasta 2027. La jurisdicción contencioso-administrativa, encargada de supervisar las actuaciones del gobierno, ya fija vistas para dentro de tres años. Los juzgados sociales, que manejan conflictos laborales, también enfrentan retrasos significativos, con juicios aplazados hasta principios de 2026.
El problema radica en la falta de jueces. Según el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, Catalunya necesita al menos 112 jueces más para alcanzar la media nacional. Actualmente, la región cuenta con 855 jueces, lo que equivale a 10,6 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea de 17,43 jueces. La falta de recursos humanos, combinada con una creciente carga de trabajo, ha llevado a que el número de casos sin resolver siga aumentando. Solo en 2023, los juzgados catalanes recibieron 1,2 millones de casos nuevos.
Esta situación no solo afecta a los tribunales, sino también a los ciudadanos. Los conflictos laborales, por ejemplo, tardan entre 7 y 18 meses en resolverse, dependiendo del tipo de disputa. La abogacía catalana, representada por Marta Martínez, también ha señalado que la falta de recursos afecta gravemente la justicia gratuita y la atención a personas sin recursos, pidiendo un aumento en la remuneración de los abogados del turno de oficio.
A pesar de la urgencia de la situación, el Ministerio de Justicia no tiene planes de crear nuevos juzgados en Catalunya para el próximo año. Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado nuevas plazas de magistrados para cubrir algunas vacantes, pero estas medidas puntuales no son suficientes para resolver la crisis estructural que enfrenta el sistema judicial en Catalunya.
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