La Seguridad Social, en crisis: los funcionarios amenazan con ir a la huelga

La Seguridad Social española se enfrenta a una crisis sin precedentes. Con más de 10.000 millones de euros gestionados mensualmente y una estructura administrativa obsoleta de más de 30 años, la institución está al borde del colapso. Funcionarios y subdirectores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) han manifestado su intención de movilizarse y, si no hay ningún cambio, acabar en huelga, según ha confirmado El Confidencial. Exigen una mejora en los recursos humanos que, según afirman, son insuficientes para atender a los 10 millones de pensiones activas y las 3 millones de solicitudes de ingreso mínimo vital.

Desde mayo de 2023, los funcionarios han intentado dialogar con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y su secretario de Estado, Borja Suárez, sin éxito. Este colectivo de 200 directivos sostiene que el envejecimiento y la escasez de personal pone en riesgo la sostenibilidad de las prestaciones sociales.

Con el exministro José Luis Escrivá, se intentó reforzar la plantilla con la incorporación de interinos, pero esta medida ha resultado insuficiente y poco efectiva. Según denuncian los directivos del INSS, los interinos carecen de formación adecuada, lo cual afecta la calidad del servicio y la atención al ciudadano.

Otro factor que agrava la situación son los numerosos cambios normativos en la gestión de prestaciones, desde el ingreso mínimo vital hasta la revisión de las pensiones de jubilación. Esta sobrecarga burocrática ha ralentizado los tiempos de respuesta, afectando a miles de ciudadanos que dependen de estos recursos.

Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el ingreso mínimo vital solo llega a una de cada tres familias elegibles, ilustrando la magnitud de la crisis. "Estamos al límite; sin cambios, el colapso es inminente", concluye el portavoz del INSS, quien afirma que esta situación exige una respuesta inmediata del gobierno.

Por lo tanto, el Gobierno tiene entre manos otra crisis que atender, justo cuando su vista está puesta en el caso Errejón y las secuelas que dejará al bando progresista de la política española.