Miguel Ángel Rodríguez, citado el 8 de enero como testigo en la causa contra el fiscal general

El magistrado investiga si pudo haber incurrido en un delito de revelación de secretos al intentar desmentir la noticia

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La citación de Miguel Ángel Rodríguez responde a los "indicios" de que el jefe de gabinete de Ayuso pudo haber tenido acceso a parte del contenido de los correos filtrados. Foto: EuropaPress

 

El Tribunal Supremo (TS) ha citado a declarar en calidad de testigo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la investigación sobre la filtración de correos electrónicos del novio de la mandataria, Alberto González Amador. La citación se produce a raíz de la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está siendo investigado por la posible revelación de secretos.

Rodríguez, quien comparecerá el próximo 8 de enero, será interrogado por el juez Ángel Hurtado, que también ha convocado a ocho periodistas para el día 9 de enero. Estos periodistas recibieron la información confidencial publicada en los medios de comunicación, y su declaración es parte de la investigación para determinar el origen de la filtración. Además, el juez ha requerido a la cadena de televisión La Sexta y al periódico El Mundo que entreguen las noticias publicadas el 13 de marzo de 2024, relacionadas con los correos en cuestión.

 

 

La polémica comenzó cuando El Mundo publicó la primera noticia sobre los correos entre el fiscal del caso de fraude fiscal que involucra a González Amador y su defensa. El fiscal general del Estado, García Ortiz, ha sido señalado por intentar desacreditar la información publicada, calificándola de “bulo”. Es por ello que el magistrado investiga si pudo haber incurrido en un delito de revelación de secretos al intentar desmentir la noticia.

La citación de Miguel Ángel Rodríguez responde a los "indicios" de que el jefe de gabinete de Ayuso pudo haber tenido acceso a parte del contenido de los correos filtrados. Además, el juez ha aceptado una solicitud de la acusación popular, representada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), para que la fiscal jefe de la Inspección Fiscal aclare si se ha iniciado algún expediente disciplinario relacionado con los hechos investigados.

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