Sentencia histórica: un juez obliga a pagar el permiso parental de ocho semanas en España

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha emitido una sentencia pionera que establece que el permiso parental de ocho semanas, destinado al cuidado de hijos menores de ocho años, debe ser retribuido. Este fallo, fechado el 28 de noviembre y al que ha tenido acceso elEconomista.es, subraya que la Directiva europea sobre conciliación laboral y familiar obliga a los Estados miembros a retribuir este permiso antes del 2 de agosto de 2024, algo que España aún no ha implementado.

Una victoria judicial con impacto europeo

El caso lo protagoniza un trabajador del Ayuntamiento de Barcelona, quien solicitó este permiso entre octubre y diciembre de 2023. Inicialmente, el consistorio consideró que debía ser retribuido, pero luego cambió su postura. Representado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el empleado presentó una demanda que ha dado lugar a esta sentencia histórica.

En su resolución, la jueza señala que España no ha traspuesto completamente la directiva europea, lo que genera un vacío legal. Sin embargo, el fallo destaca que las disposiciones europeas son "claras, precisas e incondicionales", otorgando derechos directos a los ciudadanos. Así, concluye que el permiso parental debe ser remunerado, al igual que otros permisos de conciliación recogidos en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP).

Además, el tribunal obliga al Ayuntamiento a compensar al trabajador con 4.000 euros por las ocho semanas disfrutadas sin retribución, más intereses de demora.

El Gobierno y la Unión Europea, en el punto de mira

Aunque en mayo de 2023 el Gobierno introdujo un cambio en el permiso de lactancia para hacerlo retribuido, este ajuste ha sido considerado insuficiente por la Comisión Europea. En septiembre, Bruselas abrió un expediente a España por no garantizar la retribución del permiso parental, dando un plazo de dos meses para corregir la situación. Si España no cumple, podría enfrentarse a una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).