Los pescadores del Mediterráneo están "en guerra": la normativa europea que podría enterrar al sector

Los pescadores del Mediterráneo español, francés e italiano han alzado la voz calificando como una "declaración de guerra" la propuesta de la Comisión Europea (CE) para reducir drásticamente los días de pesca y las capturas en el Mediterráneo Occidental. Según la patronal Cepesca, estas medidas pondrían en peligro no solo la actividad pesquera, sino también la seguridad alimentaria y el equilibrio económico y social de las comunidades costeras.

En el caso de España, la normativa plantea una reducción del 79% de los días de pesca, pasando de una media de 130 jornadas anuales a solo 27. Además, se prevé un recorte del 30% en los límites de captura de la gamba roja, limitándola a 551 toneladas al año. De acuerdo con Cepesca, estas restricciones significarían "la desaparición de los 556 barcos de arrastre que faenan en el litoral mediterráneo y la pérdida de 17.000 empleos directos e indirectos".

Un golpe al corazón del sector pesquero

La Federación Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP) se une al rechazo generalizado. Según Antoni Abad, presidente de la FNCCP, “los pescadores catalanes ya han reducido jornadas más allá de lo que exigía el reglamento, y ahora nos imponen medidas que comprometen la viabilidad económica del sector”. La FNCCP resalta que el deterioro de los recursos pesqueros no solo es responsabilidad de los pescadores, señalando factores como el cambio climático, la contaminación y la humanización del litoral.

Por su parte, Cepesca califica la propuesta de la Comisión Europea como una "herencia envenenada" del anterior comisario Virginijus Sinkevičius, que compromete al nuevo comisario, Costas Kadis, y al futuro de la pesca sostenible en Europa. La patronal recuerda que, desde 2020, el Plan Plurianual de Pesca del Mediterráneo Occidental ya ha supuesto una reducción del 40% en los días de pesca, junto con cierres de zonas y restricciones que han impactado fuertemente a la flota.

"Las flotas europeas son las más reguladas del mundo en términos sociales y medioambientales, y esto no se está valorando. No podemos aceptar recortes que destruirán nuestras comunidades pesqueras mientras en otros países se pesca sin control", afirmó un portavoz de Cepesca.

La industria y el gobierno, unidos en defensa del sector

La Secretaría General de Pesca, liderada por Isabel Artime, ha expresado una postura firme contra la propuesta, argumentando que es imprescindible evaluar primero el impacto de las medidas aplicadas desde 2020 antes de imponer nuevas restricciones. Por su parte, la patronal de las pescaderías tradicionales, FEDEPESCA, alerta de que la desaparición de la flota mediterránea afectará a toda la cadena de valor, desde el empleo local hasta la oferta de productos frescos.

"La falta de oferta derivará en una subida de precios y en el aumento de importaciones desde países con estándares medioambientales y sociales mucho más bajos", asegura FEDEPESCA. La organización destaca que las restricciones actuales tienen un "efecto búmeran", poniendo en peligro la sostenibilidad del propio modelo europeo de pesca responsable.

Manifestaciones en defensa de la pesca

Ante esta situación crítica, los pescadores han convocado protestas los días 9 y 10 de diciembre frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Pesca de la UE en Bruselas. En esta cita se debatirá el futuro de las medidas de gestión pesquera, en un clima de creciente tensión entre el sector y las instituciones europeas.

Desde Cepesca, FNCCP y FEDEPESCA insisten en que cualquier nueva normativa debe equilibrar la sostenibilidad ambiental con la económica y social. "Es necesario preservar nuestra capacidad productiva y garantizar la supervivencia de nuestras flotas, que no solo generan empleo, sino que aseguran un suministro alimentario fresco, sostenible y de calidad", concluyen desde la FNCCP.

El sector pesquero del Mediterráneo enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente. La esperanza está puesta en que Bruselas reconsidere una normativa que, de aplicarse, podría ser el principio del fin para una actividad que define la esencia y economía de muchas comunidades costeras.