La Generalitat se opone a que los pescadores catalanes trabajen un 80% menos en el Mediterráneo
El Plan de la Comisión Europea supone la reducción de un 80% de las jornadas de pesca respecto al 2024, limitando la actividad de la flota de arrastre a 20 o 28 días el año
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a través de Ports de la Generalitat, ha respaldado el manifiesto del sector pesquero catalán contra el nuevo plan de regulación de pesca propuesto por la Comisión Europea. Este plan, que entraría en vigor en 2025, busca limitar la actividad de la flota de arrastre en el Mediterráneo a tan solo 20 o 28 días al año, dependiendo de la eslora de los barcos.
La medida amenaza con desestabilizar un sector que en 2023 representó el 60% de las ventas de pescado en las lonjas catalanas. Según los pescadores, esta reducción drástica es inviable para garantizar la sostenibilidad económica de la actividad.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, expresó su preocupación durante una rueda de prensa: “Todo nuestro apoyo al sector pesquero, porque, como ellos mismos afirman, ninguna actividad económica puede sobrevivir con solo 28 días de trabajo al año”. Paneque también confirmó que el Govern trabaja en coordinación con el Ministerio para negociar con las instituciones europeas una prórroga que permita encontrar soluciones más equilibradas.
El sector pesquero es clave en la economía azul de Catalunya, siendo en muchos municipios la principal fuente de ingresos. Además de la pesca, este sector sustenta actividades como la comercialización, los servicios portuarios, la restauración, el turismo y la preservación del patrimonio cultural de las localidades costeras.
En un gesto de solidaridad, el personal de Ports de la Generalitat participó este lunes en la lectura del manifiesto realizado simultáneamente en las lonjas de pescado de toda la costa catalana. Este acto simbólico subraya la importancia de preservar no solo una actividad económica esencial, sino también un modo de vida que da identidad a las comunidades marineras de la región.
El sector espera que las negociaciones con la Comisión Europea puedan revertir o flexibilizar unas restricciones que, de mantenerse, pondrían en riesgo la sostenibilidad económica y social de la pesca en Catalunya.
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