El Juez Pablo Llarena: "Todo discurso que hable de lawfare en la ley de amnistía es propio de prestidigitadores"
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha defendido su negativa de aplicar la ley de amnistía al presidente en el exilio, Carles Puigdemont, así como a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, porque por él la ley excluye los delitos de malversación.
Ante los reproches a las leyes de amnistía o de indulto general, Llarena ha reconocido que su legislación y aplicación están inmersas en un proceso de debate marcado por la "polarización de la sociedad, tanto en el ámbito político, social y dogmático" a todos los niveles", y afecta a la separación de poderes.
En este sentido ha afirmado "todo discurso que hable de lawfare (en la ley de amnistía) es propio de prestidigitadores", que ha indicado que estos discursos, en realidad, están "alejados del análisis jurídico" y son propios de ámbito político. El magistrado, además, está tan seguro de que la interpretación del Supremo sobre la amnistía es "tan sólida" que no cree que "el Tribunal Constitucional pueda modificarla".
EL TRIBUNAL SUPREMO ES EL COMPETENTE PARA AMINISTIAR
En su intervención, titulada "Análisis jurídico de la ley de amnistía", en el marco del Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Valladolid, dentro de sus Seminarios Diálogo con la Práctica el magistrado ha afirmado que aquellos que dicen que el Tribunal Supremo no tiene la potestad para decidir a quién amnistiar o no lo hacen desde "la ignorancia o mala fe".
Llarena ha explicado que “nos encontramos con esta ley de amnistía que pasa por ser la desactivación de la norma para un grupo de personas”. Esto genera debate y se cuestiona dentro de la sociedad”, seguidamente ha hecho alusión a los criterios establecidos por la Comisión de Venecia, que avaló las leyes de amnistía por la “reconciliación social y política” y la “unidad nacional ”, ya que considera que son “objetivos legítimos en interés de la comunidad”.
“La Comisión de Venecia dice que las leyes de amnistía son divisorias en la sociedad. Es el poder judicial el que elige quien se aplica la norma. Desde la ignorancia del derecho o la mala fe puede decirse que el Tribunal Supremo se extralimita a la aplicación de la Ley”, ha defendido en su exposición.
El magistrado instructor del proceso mencionó el artículo 1.4 de la ley de amnistía, que especifica el concepto de enriquecimiento, y sostiene que "incluye a quien, con cargo a los caudales públicos, obtiene cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestación dineraria, aunque no aumente materialmente su nivel de riqueza". Además, sin citar el caso concreto del presidente en el exilio Carles Puigdemont, Llarena ha defendido que "la amnistía se pide para unas personas que se jactan que volverán a hacerlo", ha esgrimido.
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